La portavoz del grupo municipal popular en Cort, Marga Durán, ha valorado la decisión del equipo de gobierno de prohibir el alquiler en plurifamiliares en toda la ciudad. Para la regidora “una vez más, el Pacto de izquierdas, ante su incapacidad para gestionar, ha optado por la solución fácil y la menos valiente, la prohibición indiscriminada”.

En este sentido, Durán ha señalado que “sabemos que existe un problema de ruidos, vecinal y medioambiental”, por lo que “el Partido Popular está a favor de una regulación muy restrictiva y garantista, en la que se respete el descanso vecinal, el medio ambiente y que proteja la identidad de Palma como ciudad”.

Además, la portavoz ha afirmado que su partido votará en contra de la prohibición porque “entendemos que no soluciona los problemas de la ciudad, sino que se trata de la opción más fácil” y ha anunciado que “empezaremos una ronda de reuniones con todos los agentes implicados, tanto patronales como entidades vecinales, porque entendemos que la regulación de un fenómeno tan joven y de tanto calado no debe ser improvisada y debe realizarse en beneficio del interés general de la ciudad”.

Así, Durán ha detallado que la regulación resultante debe ser muy restrictiva para controlar los abusos y debe basarse en criterios de calidad, seguridad, medio ambiente, y descanso vecinal y que, como actividad económica que es “debe estar sujeta a regulación y tributación”.

“Desde el PP creemos que se trata de dar facilidades y garantías a los propietarios para que la opción del alquiler de larga estancia resulte ventajosa, pero en ningún caso la solución pasa por prohibir para no tener que gestionar”, ha dicho Durán, y ha añadido que “el problema de vivienda social en Palma, reconocido por el propio informe encargado por el Pacto de Cort, no se va a arreglar con ninguna ley turística, sino con políticas eficientes e inversiones que el actual equipo de gobierno, que enarbolaba la bandera de lo social, no está haciendo”.

Además la portavoz ha explicado que “el verdadero motivo del informe, y que nos ha costado más de 16.000 euros a todos, es vestir una decisión y justificar el cambio de opinión del PSOE, que en pleno se mostró partidario de no prohibir el alquiler vacacional en plurifamiliares, porque podía, en algunos casos, dar un margen de salida a la economía de rentas desfavorecidas”.

Por su parte, la regidora Lourdes Bosch, ha calificado el informe de “justificación burda de una decisión ya preconcebida”.

Así, Bosch, ha explicado que “los informes en los que se basa el estudio no los ha realizado el equipo redactor, sino la gerencia de Urbanismo y el Consell, por lo que no entendemos que hayamos tenido que esperar un año con una moratoria en la que no se podía hacer nada ni en plurifamiliares ni en unifamiliares”.

La edil ha hecho hincapié en que el informe no era necesario porque según se recoge en propio documento “si pasado un año no se aprueba ninguna delimitación provisional, la ley establece que solo se acepta la comercialización de estancias turísticas en unifamilliares”, por lo que, para Bosch, “no era necesario esperar un año ni gastar más de 16.000 euros públicos”.