Áurea Soto declaró hoy como testigo en la causa que ella impulsó contra Manuel Cabezas –que fue alcalde de Ourense entre 1995 y 2007 por el PP- por eximir a constructores y promotores del pago del 10 por ciento de los aprovechamientos urbanísticos.

La que fue concejal de Urbanismo en el ayuntamiento ourensano con el PSOE –entre 2007 y 2005- explicó hoy, en respuesta a una pregunta de su abogada, que había interpuesto la denuncia en el año 2014, y no antes, porque cuando llegó al gobierno le habían dicho que “el caso estaba prescrito”, pero ella “tenía la obsesión de que sabía que iba a volver a ocurrir”. “Puse la denuncia cuando empezamos a tener claro que era un delito. La Ley era taxativa”, afirmó.

La ex concejala señaló que, entre 1997 y 2003, el gobierno de Cabezas aprobó 15 proyectos obviando las advertencias realizadas por los técnicos, lo que causó un perjuicio a las arcas municipales, y recordó que las leyes vigentes (gallega y estatal de 1997 y 1998, respectivamente, que obligaban a exigir a los promotores el 10% del terreno -en el caso de la gallega- para aprovechamiento municipal) debían haber prevalecido sobre el acuerdo aprobado en 1994 por el Pleno de la Corporación que permitía eximir de ese pago del 10 por ciento del aprovechamiento urbanístico.

“Lo que ocurría en Ourense era vox populi. Lo que pasaba con el urbanismo sólo ocurría en esta ciudad”, declaró Áurea Soto

En esta causa también está acusado Ricardo Campo, que fue concejal de Urbanismo con Manuel Cabezas entre 1999 y 2003. Su abogado le preguntó a la testigo Áurea Soto si, en los expedientes en los que se aplicó la exención del 10% de aprovechamiento urbanístico, la propuesta que realizaban los técnicos era la de “aprobación”, a lo que Áurea Soto respondió afirmativamente.