Cada vez es mayor la oposición a la decisión adoptada por el Ministerio de Transición Ecológica de incluir al lobo ibérico dentro del Listado de especies silvestres en régimen de protección especial (Lesrpe). Lo que conllevaría la prohibición total de su caza.

Tras la negativa frontal que desde el primer momento mostraron las cuatro Autonomías más afectadas, las de Galicia, Asturias, Castilla-León y Cantabria, que concentran el 95 % de población de esta especie en la península, se suman ahora a la petición de pedir una paralización de ese proceso otras cinco comunidades autónomas, las de País Vasco, Aragón, Madrid, Murcia y Andalucía, además de la ciudad autónoma de Ceuta.

Así lo aseguran fuentes de la Xunta de Galicia, tras informar de la reunión telemática que este miércoles han mantenido la titular de la Consellería de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, con sus homólogos de nueve autonomías a la que se han sumado organizaciones de ámnito nacional como la Asociación Agraria de Chicos Agricultores (Asaja), la Unión de Ganaderos y Agricultores Montañeses (UGAM-COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

Previamente, la directora general de Patrimonio Natural de la Xunta, Belén do Campo, también conversaba por videoconferencia con las asociaciones agrarias de ámbito autonómico gallego como Unións Agrarias (UUAA), el Sindicato Labrego Galego (SLG) y la Asociación Agraria de Galicia (Asaga).

PETICIÓN POR CARTA PARA QUE SE PARALICE EL EXPEDIENTE

De esta forma, y según informa la Xunta, País Vasco, Aragón, Madrid, Murcia, Andalucía y Ceuta, además de las organizaciones agrarias nacionales y autonómicas, habrían trasladado durante la reunión su conformidad con la postura que defienden las cuatro regiones al norte del Duero para exigir al Ministerio para la Transición Ecológica que reflexione y pondere las consecuencias de incluir esta especie en el Lesrpe.

Unos argumentos recogidos en una carta abierta que será remitida al Ministerio y en la que las comunidades expresan su rechazo a la reducción del marco competencial y de actuación para gestionar la especie, tal y como llevan haciendo hasta ahora. “Estamos dispuestos a gestionar el lobo ibérico, pero esta gestión siempre tiene que estar basada en el respeto al mundo rural, en la coexistencia y en la convivencia”, expresaba Ángeles Vázquez tras la reunión, puntualizando que la carta “es un documento abierto para que firmen todos aquellos que quieran hacerlo” y, sobre todo, “es un mensaje de colaboración y diálogo con el Gobierno central”

En ese sentido, las regiones al norte del Duero solicitan respeto al trabajo técnico desarrollado durante años por los técnicos de las diferentes comunidades, con formación académica y experiencia en la gestión cotidiana de la especie, defendiendo que los valores culturales, científicos o ecológicos del lobo, así como el objetivo de conservar la especie, son la piedra angular de los planes de gestión.

Y es que, según se recoge en esta carta, "El Ministerio no puede escudarse en dictámenes no vinculantes, ignorando cuál es el origen de este procedimiento, y forzando situaciones inéditas en órganos de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas donde el diálogo y el consenso habían sido las señas de identidad hasta la fecha". Por lo que proponen "trabajar en la elaboración de una nueva Estrategia de conservación y gestión del lobo en España, partiendo de las lecciones aprendidas de la aplicación de la Estrategia de 2005, desde la plena lealtad institucional y con la participación de los representantes de los sectores interesados".

Aunque se considera positivo que el Gobierno de España conozca por fin la realidad de la gestión del lobo y rechazan su visión de apoyo, pues velar por los intereses del sector ganadero en las zonas loberas es incompatible con aceptar que la especie sea incluida en el Lesrpe y lamentan que dichos apoyos se hagan a cuenta de detraer fondos de otras medidas en una futura PAC, ya de por sí muy condicionada en sus presupuestos, y no precisan que el lobo cambie su estatus legal.