El "absurdo" del Ingreso Mínimo Vital obliga a un ciudadano con incapacidad total a elegir entre la ayuda para sus hijos o echar a su pareja de casa

Un ciudadano, André Abeledo Fernández, ha hecho llegar a COPE una carta en la que denuncia la situación “surrealista, incomprensible e injusta” que vive desde que intentó solicitar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) tras ser declarado en incapacidad permanente total para su trabajo habitual.

Con dos hijos menores a su cargo, de 14 y 17 años, y una pensión de apenas 752 euros mensuales, Abeledo asegura que el sistema le exige una condición imposible de asumir: excluir del padrón a su actual pareja, una mujer venezolana con la que convive, para poder acceder a la ayuda.

André Abeledo, de 51 años, relata en su carta cómo pasó de percibir un salario digno de 1.400 euros mensuales trabajando en el sector de la supermercados y en empleos físicos, a recibir una prestación por incapacidad total que supone un 55% de su base reguladora: 752,15 euros al mes. “Con dos hijos a cargo, que están estudiando, necesito el mismo dinero con 51 que con 55 años, pero se considera que con 51 tengo más facilidad para encontrar otro trabajo”, lamenta.

El afectado detalla un extenso historial médico que incluye fascitis plantar bilateral, discopatía cervical, tendinitis crónica en ambos hombros, problemas lumbares con compresión nerviosa, epicondilitis crónica a la espera de cirugía, y un doble túnel carpiano operado con éxito relativo.

Pese a ello, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) considera que puede desempeñar otra actividad que no agrave sus dolencias. “Tal vez de ministro o de astronauta”, ironiza Abeledo, quien asegura haber intentado optar a ofertas como limpiador de oficinas, descartadas por inadecuadas para su estado de salud.

El núcleo de su denuncia se centra en el rechazo a su solicitud del Ingreso Mínimo Vital. Según explica, al solicitar la ayuda para él y sus dos hijos —excluyendo expresamente a su pareja, que no es la madre de los menores—, el sistema le exige un certificado de convivencia donde figuran las cuatro personas empadronadas.

La mera presencia de su pareja en el padrón impide, según le han trasladado tanto el teléfono de información del IMV (020) como los servicios sociales, que pueda acceder a la prestación.

“Nadie me ha sabido explicar este requisito, ni en el 020, ni en el INSS, ni la asistenta social. Tienen una explicación: que no es posible. Quienes me han atendido han empatizado y se han sorprendido, me han dado la razón moral de lo absurdo, pero no se puede hacer absolutamente nada”, denuncia.

Abeledo subraya que tampoco puede solicitar la ayuda por hijos menores a cargo, al estar esta ligada al Ingreso Mínimo Vital, y asegura que la única opción que le han trasladado es “dejar a mi pareja y echarla de casa para que no aparezca en el padrón, dejándola en la calle”. Una decisión que rechaza de forma rotunda: “No soy un canalla”.

En su escrito, el ciudadano, vecino de Neda, carga contra la incoherencia que percibe en las políticas sociales: “Hablan del escudo social, pero mis hijos deben vivir con 720 euros al mes porque estoy enfermo. Hablan de integración de los migrantes, pero pretenden que para solicitar la ayuda eche a la calle a mi pareja extranjera. Hablan de evitar el abuso a las mujeres, pero no tendrían problema en que echase de casa a mi pareja para que mis hijos salgan adelante”.

André concluye su carta con una reflexión amarga sobre la distancia entre los discursos institucionales y la realidad que enfrentan ciudadanos en situación de vulnerabilidad: “Palabras muchas, pero la realidad con la que me he encontrado es bien distinta. No lo entiendo, no lo puedo entender. Tanta hipocresía me supera”.