Los trabajadores de la Central Nuclear de Almaraz exigen ampliar su vida útil 20 años: “Sin la planta, Campo Arañuelo se muere”

El futuro de la Central Nuclear de Almaraz vuelve a situarse en el centro del debate energético y territorial en Extremadura. Esta semana, el comité de empresa de la planta ha reclamado públicamente que se amplíe su vida útil durante al menos veinte años más. Según sus representantes, permitir que el cierre previsto entre 2027 y 2028 se ejecute según lo previsto sería “una condena directa al desempleo y la despoblación” en una de las comarcas más vulnerables y dependientes del sector energético en España: el Campo Arañuelo.

Borja Romero, presidente del comité, ha alertado en declaraciones a los medios tras una reunión con el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, de las consecuencias sociales que tendría dejar morir la central sin una alternativa real de desarrollo económico para la zona. En su opinión, se trata de una infraestructura crítica que no solo garantiza estabilidad energética al país, sino que sostiene directa e indirectamente a miles de familias en la provincia de Cáceres.

Tenemos que ir a un horizonte mucho más amplio de 20 años de duración, porque hay argumentos técnicos, sociales y económicos que lo justifican

Borja Romero

Presidente del comité

La preocupación entre los empleados y la comunidad local ha ido creciendo a medida que se aproxima la fecha pactada para el cierre escalonado de la central. Aunque el calendario nuclear español prevé el cese de actividad de Almaraz entre 2027 y 2028, los trabajadores denuncian que no existe a día de hoy un plan de reindustrialización serio ni una propuesta concreta de transición económica para el territorio. Y advierten: si se apaga la planta, se apaga también el futuro de muchas familias.

Desde el comité se insiste en que la central se encuentra en condiciones técnicas óptimas para operar más allá de las fechas previstas, y aseguran que ya existen referencias internacionales de otras plantas que han visto prorrogada su vida útil de forma segura. Además, argumentan que la prolongación no solo evitaría un impacto económico devastador, sino que ayudaría a garantizar la estabilidad del sistema eléctrico nacional en un contexto de transformación energética aún incierto.

En este sentido, han trasladado su propuesta al delegado del Gobierno, José Luis Quintana, quien, aunque ha recogido sus inquietudes, ha recordado que la decisión última no corresponde al Ejecutivo central. Según ha explicado, la titularidad de la Central Nuclear de Almaraz es íntegramente privada y son las empresas propietarias —Endesa, Iberdrola y Naturgy— quienes deben tomar la iniciativa y formalizar, si lo consideran, una solicitud de prórroga ante el Consejo de Seguridad Nuclear y el Ministerio para la Transición Ecológica.

“Son empresas privadas al cien por cien las que tienen que pedir la prórroga o no prórroga de Almaraz. A día de hoy no hay ninguna solicitud sobre la mesa”

José Luis Quintana

Delegado del Gobierno

La petición de los trabajadores no es nueva, pero esta vez viene acompañada de un llamamiento urgente a actuar antes de que la cuenta atrás sea irreversible. Consideran que una prórroga de apenas dos o tres años no resuelve el problema de fondo, que es la falta de certidumbre para los trabajadores, las empresas auxiliares y la población que depende directamente de la actividad nuclear.

En medio de este escenario, la tensión entre el cierre ordenado y la supervivencia económica del territorio cobra cada vez más fuerza. Para los sindicatos, prolongar la vida útil de la central no es solo una cuestión técnica o empresarial, sino un acto de responsabilidad política y social. Mientras tanto, el reloj sigue corriendo y el futuro del Campo Arañuelo permanece en el aire.