Quintana: "aquí no hay fallos en las pulseras antimaltrato, salvo los habituales en la frontera con Portugal"

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha desvinculado a la comunidad de los graves fallos técnicos que afectaron al sistema de pulseras antimaltrato a nivel nacional. Durante la apertura del Año Judicial en Cáceres, Quintana respondió así a la petición de aclaraciones del PP extremeño, asegurando que en las 96 pulseras activas en la región (79 en Badajoz y 17 en Cáceres) no se han registrado incidencias similares a las reportadas en otros puntos de España. Su declaración sitúa a Extremadura como una excepción en un caso que ha generado alarma por la potencial desprotección de las víctimas de violencia de género.

No obstante, el delegado realizó una importante matización. Reconoció que sí se han contabilizado "muy pocas" situaciones de "problemas de cobertura" en la zona de La Raya con Portugal. Quintana enmarcó estos incidentes dentro de las habituales disfunciones que se producen en un territorio fronterizo, donde los dispositivos móviles entran y salen de la red de comunicación lusa. "Aquí hay 96 pulseras... En Extremadura no tenemos conocimiento de fallos. Nosotros tenemos algún caso que nos genera algún problema en la Raya con Portugal cuando entra la conexión de otro país, pero son temas puntuales y no debido a esta polémica", afirmó, restándole importancia al compararlo con el problema nacional.

antecedentes

El origen de la controversia nacional se remonta al cambio de proveedor del servicio del sistema Cometa en 2023. La adjudicación pasó de Telefónica (que subcontrataba con Securitas Direct) a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Vodafone y Securitas. Según ha podido saber este diario, en esa transición hubo un error en el volcado de datos del proveedor antiguo al nuevo. Este fallo técnico provocó que durante unos meses no se pudiera acceder a la información sobre los movimientos de los agresores con pulsera anteriores al 20 de marzo de 2024, fecha en que finalizó la migración.

Las consecuencias de esta anomalía han sido graves, tal y como detalla la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado. La imposibilidad de acceder a esos datos históricos supuso la "pérdida de un elemento probatorio" en ocasiones crucial para incriminar a un agresor, por ejemplo, por quebrantamiento de una orden de alejamiento. Esta circunstancia llevó, según la Fiscalía, a "una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios" en los juzgados de Violencia sobre la Mujer y en los de lo Penal. Las instituciones y empresas involucradas no han aclarado a cuántos casos afectó exactamente el fallo ni su duración precisa, aunque la Fiscalía calcula que se extendió durante "unos meses de 2024".

No se puede hacer polémica de todo 

José Luis Quintana

Delegado del Gobierno en Extremadura

Frente a este escenario nacional, la postura de Quintana busca tranquilizar a la ciudadanía extremeña y marcar distancias con la gestión central. El delegado llegó a criticar la propia pregunta del PP, argumentando que "no se puede hacer polémica de todo" y que a veces "generamos nosotros mismos la polémica". Además, quiso relativizar la dependencia exclusiva de estos dispositivos, remarcando que la pulsera "no es el único caso de control, ni muchísimo menos", sino "uno más" dentro del sistema de protección a las víctimas.

fallo en la frontera

La situación en la frontera portuguesa fue el único punto donde Quintana admitió dificultades, aunque las normalizó al compararlas con las que sufren los teléfonos móviles de cualquier ciudadano. "Sí, lo de Portugal, sí, sí, eso es un fallo. Pero es que eso se nos produce en nuestros propios teléfonos. Cuando vamos de Badajoz a Olivenza... entra Portugal, estamos absolutamente habituados a que se produzca eso", insistió, subrayando que "por el caso a nivel nacional no ha existido" fallos.

Mientras el Gobierno central y las empresas adjudicatarias evitan dar detalles concretos sobre el alcance total del problema, la declaración del delegado en Extremadura deja una doble lectura: por un lado, la aparente correcta operatividad del sistema en la región, y por otro, la existencia de fisuras técnicas en un mecanismo de protección vital, ya sea por un error puntual de gran escala o por las limitaciones de la cobertura en zonas específicas, que pueden dejar en una situación de vulnerabilidad a quienes debería amparar.