El Tribunal Constitucional rechaza el último recurso de los propietarios de Valdecañas apuntando a su derribo

El Tribunal Constitucional ha desestimado por unanimidad el último recurso de los propietarios de Marina Isla de Valdecañas, confirmando así la sentencia del Tribunal Supremo que ordena la demolición de todo el complejo turístico. Este fallo, que se suma al rechazado previamente por la Junta de Extremadura, parece allanar el camino hacia el derribo de un enclave que cuenta con cerca de 200 chalets, un hotel y un campo de golf, construido en un espacio protegido como Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA). Sin embargo, lejos de cerrar el caso, la batalla jurídica entra ahora en una nueva y decisiva fase, donde una ley autonómica se erige como el último baluarte de la defensa.

Según declaraciones a la Cadena COPE de Luis Díaz Ambrona, abogado de los propietarios, la clave no reside en la sentencia, sino en una ley posterior. Díaz Ambrona ha realizado para nosotros una primera valoración, subrayando que, "aunque el resultado o la decisión de la sentencia es la que es, es decir, confirmar la demolición (…), lo importante es que en esto no ha entrado en su valoración el Tribunal Constitucional". El letrado se refiere a que "en el 2023 la Asamblea de Extremadura dictó, aprobó una ley que está vigente con toda su plena eficacia (…) en la que se declaró totalmente regularizado y legalizado el complejo".

Esta normativa, la Ley 2/2023, cambia radicalmente el tablero de juego, según la defensa. Díaz Ambrona argumenta que, al estar esta ley en vigor, "el órgano competente para la ejecución es el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx)", que "habiéndose pronunciado en contra antes de esta ley, pues con mayor motivo con esta ley ya existe una imposibilidad legal de la ejecución, porque sería una ilegalidad". Desde su punto de vista, esta circunstancia convierte la sentencia del Constitucional, "aunque haya sido en sentido desestimatorio", en un mero trámite que "no afecta para la conservación definitiva y para siempre" del complejo.

La estrategia de la defensa se centra ahora en forzar al TSJEx a aplicar la ley autonómica. El abogado confía en que el tribunal extremeño, al ser el encargado de ejecutar materialmente la sentencia, se verá obligado a acatar la legislación vigente. "Yo creo que declarará en su momento (…) que, si hay una ley que ha declarado que eso está absolutamente legalizado, pues yo no puedo ordenar la demolición en contra de una ley que está vigente", sostiene con contundencia. Además, recalca que esta ley "no fue impugnada por nadie" en su momento, ni siquiera por las asociaciones ecologistas.

Este nuevo escenario profundiza la grieta entre la justicia y la política. La Junta de Extremadura, presidida por la popular María Guardiola, se ampara en esta misma ley para sostener que Isla de Valdecañas "no debe ser demolida". El ejecutivo autonómico argumenta que la declaración como ZEPA debe considerarse efectiva solo a partir de 2023, con lo que el complejo quedaría fuera de su ámbito. Frente a esta postura, las asociaciones ecologistas, impulsoras iniciales del proceso, exigen el cumplimiento de la legislación medioambiental y consideran que la Junta y los propietarios "se agarran a cualquier cosa" para alargar un proceso judicial que consideran zanjado.

El desenlace, por tanto, sigue pendiente de un nuevo pulso judicial. Mientras los ecologistas claman porque "ya no quedan excusas" para el derribo, los propietarios, que se declaran actuantes de "buena fe" y con el respaldo de una mayoría social extremeña según encuestas, preparan su siguiente movimiento. Luis Díaz Ambrona insiste en que "todavía lo que es el texto completo de la sentencia no lo conozco", dejando la puerta abierta a posibles recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El laberinto de Valdecañas, lejos de simplificarse, se complica, demostrando que en derecho, a veces, una sentencia no es el final, sino el inicio de un nuevo conflicto.