La rebelión de las empresas valencianas: 150 compañías se unen para frenar el 'basurazo' que les obliga a un doble pago

Un grupo de 150 empresas del polígono Rafael Buñol, en la comarca de l'Horta Nord (Valencia), se han unido para recurrir el nuevo impuesto de basuras, conocido popularmente como 'basurazo'. La gerente de la entidad de gestión y modernización AEPIR, Elena Álamo, ha explicado en el programa 'Mediodía COPE en Valencia' que la medida, proveniente de una orden estatal, ha generado una profunda indignación en el tejido empresarial al obligar a un doble pago por la gestión de residuos.

Un doble pago inesperado

El conflicto surge porque la mayoría de estas compañías ya gestionan sus propios residuos a través de un gestor privado, por lo que no utilizan el servicio público que esta nueva tasa pretende financiar. "Esto supone pagar doblemente por un servicio que no usan, y que justamente esta tasa va vinculada a la utilización de ese servicio", ha señalado Álamo. La sorpresa fue mayúscula cuando las empresas recibieron una "subida brutal" en una liquidación que les llegó por vía electrónica.

Según ha denunciado la gerente, la Administración ha girado las liquidaciones "de forma automática sin contrastar quiénes tienen gestor de propios residuos y quien no", lo que ha provocado el malestar generalizado. Elena Álamo ha criticado que "no han hecho ninguna investigación o ningún estudio acerca de las empresas, se ha impuesto automáticamente absolutamente a todos".

El problema de la referencia catastral

La situación se agrava porque el cálculo del impuesto se ha realizado por referencia catastral. En el polígono de Rafael Buñol, muchas empresas ocupan varias naves para sus operaciones, algunas solo para almacenaje. Esto implica que una compañía con diez naves podría enfrentarse a un pago multiplicado por diez, aunque solo genere residuos en una o dos de ellas.

Álamo ha puesto un ejemplo concreto: con una tarifa máxima de 1.314 euros por nave, una empresa que ocupe diez terminará pagando "unos 12.000 euros por un servicio que no usas", y ha añadido que se vinculan todas las naves a una actividad de producción cuando en muchos casos su uso es de almacén, al que debería aplicarse un epígrafe diferente.

Vas a terminar pagando unos 12.000 euros por un servicio que no usas"

Elena Álamo

Gerente AEPIR

Acciones legales en marcha

Ante esta situación, las empresas afectadas han actuado con rapidez. Se ha interpuesto un recurso de reposición para cada una de las liquidaciones, solicitando como medida cautelar la suspensión del pago. Gracias a esta acción, "de momento ha quedado suspendido el acto administrativo y no han tenido que pagar", ha confirmado la gerente de AEPIR.

Para aquellas compañías que recibieron la notificación más tarde y no llegaron al plazo de un mes para el recurso de reposición, se ha interpuesto una demanda contenciosa-administrativa. Álamo ha destacado la importancia de los plazos, ya que las empresas de otros polígonos que no recurrieron en su momento "ya no lo pueden hacer". La estrategia legal se centra en atacar la liquidación de forma indirecta, dado que el plazo para impugnar la norma directamente ya ha expirado.