La Policía Nacional critica los informes que comparan Via Laietana con la Gestapo nazi para declarar la jefatura lugar de memoria
La Jefatura de Via Laietana se ha convertido en moneda de cambio entre independentistas y Gobierno

Concentración frente a la Jefatura de Policía Nacional de Via Laietana en Barcelona
Barcelona - Publicado el
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El sindicato Confederación Española de Policía (CEP) critica la decisión del Gobierno de recurrir a informes, que califica de "panfletos", que comparan la Jefatura de Via Laietana de Barcelona con la Gestapo nazi y la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) de la dictadura argentina para justificar que la sede policial sea declarada lugar de memoria democrática.
La CEP sostiene que el uso de estos informes "representa un intento miserable de servir en bandeja a sus socios independentistas un trofeo a costa de intentar ensuciar el impecable compromiso democrático de los policías nacionales que prestan servicio en esa plantilla".
El sindicato de la Policía Nacional censura, de esta forma, que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática pidiera, el pasado 22 de julio, informes que pudieran utilizarse como soporte para declarar Via Laietana como lugar de memoria, como piden los partidos independentistas, por ser un lugar donde se practicaron torturas durante la dictadura franquista.
"Sólo unos días después, el 30 de julio, dos profesores de la Universidad Autónoma de Barcelona, Pau Casanellas y Xavier Doménech, emitían un informe de siete páginas en el que llegaban a equiparar la sede de la Jefatura Superior, en la Via Laietana de Barcelona, con la Policía secreta de un régimen que llevó a cabo un holocausto o con las prácticas de una dictadura militar argentina que incluyeron el secuestro y asesinato de opositores a ese régimen", ha continuado la CEP.
El sindicato señala que Xavier Doménech ocupó puestos de responsabilidad en Catalunya en Comú, Podem Catalunya e incluso ha sido diputado por el grupo confederal de Unidas Podemos, hasta su retirada de la política activa en 2018.
La CEP añade que el segundo de los informes encargados por el Gobierno ha sido elaborado por Memorial Democràtic, "un organismo de la Generalitat de Catalunya cuyo director --y firmante del documento, fechado el 1 de agosto-- fue nombrado en 2022 por el Ejecutivo de Esquerra Republicana de Catalunya y mantenido por el actual equipo de Salvador Illa".

Jefatura de Policía Nacional en Via Laietana
El sindicato cuestiona que se quiera "extender el manto de la sospecha sobre un Cuerpo, el de la Policía Nacional, cuyo compromiso con la democracia y la seguridad de todos los españoles está por encima de cualquier duda". "Nuestra única obsesión es hacer de Catalunya un lugar más seguro y no el paraíso del delito", concluye la CEP.
la jefatura de via laietana como moneda de cambio
La Jefatura de Via Laietana se ha convertido en una moneda de cambio política entre el Gobierno de Pedro Sánchez y los partidos independentistas catalanes debido a su fuerte carga simbólica y su papel histórico como centro de represión durante el franquismo.
Los partidos independentistas catalanes llevan años reclamando que la Jefatura Superior de Policía Nacional en Via Laietana deje de ser una sede operativa y se convierta en un espacio de memoria democrática. Argumentan que durante la dictadura franquista fue un centro de represión, tortura y persecución política, y por ello debe resignificarse como símbolo del sufrimiento de las víctimas.
Los independentistas, especialmente ERC y Junts, llevan años reclamando que se desaloje a la Policía Nacional del edificio. Esta demanda se ha intensificó en el contexto de las negociaciones para la investidura de Sánchez.
El Gobierno, en un gesto hacia el independentismo, ha declarado el edificio como Lugar de Memoria Democrática, reconociendo los abusos cometidos allí durante la dictadura. Sin embargo, ha decidido mantener la actividad policial, lo que ha generado críticas tanto de los sindicatos policiales como de entidades memorialistas.
Sindicatos, como JUPOL, denuncian que esta decisión responde a intereses políticos y acusan al Ejecutivo de “traicionar a los agentes” para contentar a sus socios parlamentarios.
Por su parte, el consejero de Justicia, Ramon Espadaler, apoya la resignificación del espacio, pero sin exigir la retirada de la Policía Nacional. Espadaler ha defendido que la policía actual es democrática y que el proceso debe hacerse con consenso entre administraciones.