La Justicia sienta en el banquillo a la antigua cúpula de Salut por retrasar "deliberadamente" la vacunación de policías y guardias civiles

La Audiencia de Barcelona ha puesto fecha al juicio contra la cúpula del Departamento de Salut de la Generalitat durante la pandemia por la presunta discriminación en la vacunación de los cuerpos de seguridad españoles. El proceso judicial contra los ex consejeros Alba Vergés y Josep Maria Argimon, así como otros altos cargos, comenzará el próximo 29 de junio y se extenderá a lo largo de diez sesiones hasta el 15 de julio. La Fiscalía solicita 12 años de inhabilitación para ambos por un presunto delito de prevaricación, mientras que la acusación particular, ejercida por el sindicato de Policía Nacional Jupol y la asociación de la Guardia Civil Jucil, eleva la petición a tres años de cárcel, 15 de inhabilitación y multas de 72.000 euros al sumar el delito contra los derechos de los trabajadores.

Junto a Vergés y Argimon, se sentarán en el banquillo el ex secretario general de Salut, Marc Ramentol, y el exdirector del Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella, para quienes el ministerio público pide la misma pena de inhabilitación. Por otro lado, la fiscalía ha solicitado la absolución para el exdirector de servicios de Salut, Francesc Xavier Rodríguez, aunque la acusación particular mantiene los cargos contra él.

Una decisión "arbitraria, ilegal e injusta"

Los hechos se remontan a marzo de 2021, en plena campaña de vacunación contra la covid-19. Según sostiene la fiscalía, la cúpula de Salut, entonces liderada por Vergés, paralizó de forma deliberada la inmunización de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil destinados en Cataluña. La investigación detalla que, en aquellas fechas, solo el 2,8% de los guardias civiles y el 3,6% de los policías nacionales habían recibido la vacuna, en un marcado contraste con el 77% de los Mossos d'Esquadra ya inmunizados, un porcentaje similar al de otros cuerpos como la Guardia Urbana de Barcelona y los bomberos.

Aunque la defensa de los ex altos cargos ha argumentado que la paralización se debió a una decisión sanitaria general por los casos de trombosis detectados con la vacuna de AstraZeneca, el magistrado instructor calificó la orden de "arbitraria, ilegal, injusta y claramente discriminatoria". En su auto, el juez consideró que la decisión puso "en grave riesgo la salud y la vida" de miles de funcionarios policiales, al contravenir las directrices de vacunación de grupos prioritarios que dependían del Ministerio de Sanidad y no de la Generalitat.

La consejera me pidió parar Guardia Civil y Policía Nacional, no podemos argumentarlo, lo tendríamos que parar"

WhatsApp recibido por Carmen Cabezas

Los WhatsApp que acorralan a Vergés

La reactivación de la causa, que había sido archivada provisionalmente por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), se produjo a raíz de la aportación de unas pruebas clave por parte de las defensas de Argimon y Carmen Cabezas, entonces secretaria de Salut Pública. Se trata de una serie de mensajes de WhatsApp que apuntan directamente a la ex consejera Vergés como la responsable de la orden. En una de las conversaciones, una miembro de su gabinete transmite a Cabezas: "La consejera pide parar Guardia Civil y Policía Nacional".

La contundencia de las comunicaciones internas evidencia la presunta intencionalidad política de la decisión. En otro mensaje, la asesora de Vergés insiste a Cabezas: "Otra vez la consejera me pide parar  Guardia Civil y Policía Nacional, no podemos argumentarlo, lo tendríamos que parar", una frase que llevó a Cabezas a solicitar la instrucción por escrito. Estos mensajes desmontan la versión de que fue una decisión colegiada, como declaró Marc Ramentol, y refuerzan la tesis de una orden directa de la consejera.

Creo que tenemos que hacerlos a todos, ya que puede haber un problema de desigualdad"

Otro mensaje de WhatsApp

Las defensas se desmarcan de la decisión

La estrategia de defensa de Argimon y Cabezas ha sido desmarcarse por completo de la orden, atribuyéndola al entorno más cercano de Vergés y aportando pruebas que demuestran su criterio técnico contrario. De hecho, los mensajes revelan la oposición de Cabezas, quien advirtió de las consecuencias de la paralización. "Creo que tenemos que hacerlos a todos, porque si no, habrá un problema de desigualdad con otras comunidades autónomas y con los otros cuerpos de seguridad", respondió a la asesora de la consejera, mostrando su voluntad de continuar con la vacunación de todos los colectivos esenciales.

Por su parte, Alba Vergés declaró en enero de 2024 que la gestión se basó en proteger a la población de más riesgo ante los problemas de suministro, calificando el resultado final como un "éxito colectivo". Su defensa niega cualquier decisión prevaricadora y sostiene que la actuación fue colegiada y basada en criterios sanitarios. Sin embargo, los correos y mensajes aportados a la causa muestran que ni Argimon ni Cabezas fueron informados de las reclamaciones que la Delegación del Gobierno en Cataluña hizo al respecto, lo que refuerza su posición de que las decisiones clave se tomaron a sus espaldas.

El conflicto escaló hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), tras una denuncia de los sindicatos policiales, ordenó como medida cautelar reanudar de forma inmediata la vacunación de los agentes españoles. Gracias a esta intervención, el 10 de mayo de 2021 ya se había vacunado a más de 4.500 efectivos de ambos cuerpos. Posteriormente, el propio TSJC resolvió en su sentencia que Salut no había actuado correctamente, lo que motivó a la fiscalía a presentar la denuncia por prevaricación que ahora llega a juicio.