Los celíacos en Cataluña se plantan: exigen al Gobierno las ayudas para una cesta de la compra 1.000 euros más cara que la de los no celíacos
El colectivo denuncia el bloqueo de la ley que debe aliviar el sobrecoste de la dieta sin gluten mientras miles de afectados siguen sin diagnóstico oficial

Irene Puig, portavoz de la Asociación de Celíacos de Cataluña
Barcelona - Publicado el
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Las principales organizaciones de celíacos de España han unido sus fuerzas para lanzar un ultimátum al Gobierno. La Asociación de Celíacos de Cataluña y la Federación de Asociaciones de Celiacos de España (FACE) reclaman el desbloqueo inmediato de la propuesta de ley aprobada el pasado octubre en el Congreso de los Diputados, una iniciativa que contempla ayudas económicas directas para los pacientes y la creación de un censo estatal. La paciencia del colectivo se ha agotado ante la parálisis administrativa que les impide acceder a un apoyo vital, considerando que su única medicina, una dieta estricta sin gluten, supone un sobrecoste anual de casi 1.000 euros por persona. La inacción política, denuncian, no solo agrava su economía familiar, sino que pone en riesgo la salud de quienes no pueden asumir este gasto.
Promesas políticas en un cajón
El malestar del colectivo tiene un precedente preocupante. Según explica Irene Puig, portavoz de la Asociación de Celíacos de Cataluña, no es la primera vez que una medida de apoyo se queda en papel mojado. "En 2024 ya se aprobó una proposición no de ley con varios beneficios para el colectivo que nunca se llegó a implementar", recuerda. Ahora, la historia amenaza con repetirse. La nueva propuesta de ley, que sí contempla las tan demandadas ayudas económicas, fue aprobada en octubre, pero desde entonces "está parada en la mesa del Congreso". Los plazos para su tramitación se posponen constantemente sin que el Gobierno ofrezca ninguna justificación. "Se va posponiendo y no hay ningún tipo de explicación que lo justifique", lamenta Puig. Este bloqueo es el que ha llevado a las dos entidades de referencia a nivel estatal a unir sus fuerzas y exigir que la ley se tramite y ejecute sin más dilación.
Por mucho que se aprueben, si no acaban de entrar en vigor, las leyes no sirven de nada"
La sensación de abandono es profunda. Para las asociaciones, la aprobación de una ley sin su posterior implementación es un gesto vacío que no resuelve los problemas reales de los pacientes. "Lo que no queremos es que pase como con la de 2024, que al final pasó el tiempo, no se acabó ejecutando y nunca llegó esa ayuda que se había aprobado", insiste la portavoz. La demanda es clara: que las promesas se conviertan en hechos tangibles. Como sentencian desde el colectivo, "por mucho que se aprueben, si no acaban de entrar en vigor, las leyes no sirven de nada". La unión de Celíacs de Catalunya y FACE busca precisamente evitar que esta nueva oportunidad legislativa caiga, una vez más, en el olvido institucional, dejando desamparadas a miles de familias en todo el país.
Vivir sin gluten: un sobrecoste de casi 1.000 euros al año

Un consumidor hace cuentas y revisa facturas ante un carro de la compra
El núcleo de la reclamación reside en una cuestión económica y de salud fundamental. Para una persona celíaca, el único tratamiento existente es seguir una dieta estricta sin gluten de por vida. No existen medicamentos ni terapias alternativas. Sin embargo, este "medicamento" no está subvencionado y su coste es notablemente superior al de los alimentos convencionales. Según los cálculos de las asociaciones, "supone una despesa extra de casi 1.000 euros por persona en la cesta de la compra cada año". A día de hoy, no existe ninguna ayuda a nivel estatal para la población general que compense este enorme sobrecoste. Únicamente se contempla una pequeña prestación para un colectivo muy específico de funcionarios y militares del Estado, una medida insuficiente que deja fuera a la inmensa mayoría de los afectados.
Supone una gasto extra de casi 1.000 euros por persona en la cesta de la compra cada año"
Esta barrera económica tiene consecuencias directas y muy graves para la salud. Irene Puig alerta de que muchas personas, ante la imposibilidad de asumir el coste de los productos sin gluten, se ven forzadas a abandonar la dieta, con el consiguiente riesgo para su salud. No seguir el tratamiento pautado puede derivar en complicaciones severas a largo plazo, por lo que la falta de ayudas se convierte en un problema de salud pública. "Es un problema gravísimo cuando se dan estos casos, porque realmente se están jugando la salud", subraya Puts. La ayuda económica, por tanto, no es un capricho, sino una necesidad imperiosa para garantizar la adherencia al único tratamiento disponible y evitar que el poder adquisitivo determine la salud de una persona.
Un censo para salir de la invisibilidad
Otra de las grandes demandas incluidas en la propuesta de ley es la creación de un registro estatal de personas celíacas. Actualmente, en España no existen cifras oficiales sobre la prevalencia de la enfermedad. Los datos disponibles se basan en estimaciones que sugieren que afecta aproximadamente al 1 % de la población. Sin embargo, el dato más alarmante es que se calcula que alrededor del 75 % de las personas celíacas están todavía sin diagnosticar. Esta falta de un censo oficial dificulta enormemente el diseño de políticas públicas efectivas y la comprensión real del alcance de la enfermedad en el país. Saber cuántos son y dónde están es el primer paso para poder atender sus necesidades de forma adecuada y planificar los recursos sanitarios y sociales necesarios.
Mientras la ayuda institucional sigue en el aire, las asociaciones continúan siendo el principal pilar de apoyo para los afectados. Entidades como Celíacs de Catalunya ofrecen un servicio integral que va desde la resolución de dudas y el apoyo emocional hasta la organización de talleres de cocina y encuentros para compartir experiencias sobre cómo gestionar la enfermedad en el día a día. A través de su página web, celiacscatalunya.org, proporcionan información rigurosa y recursos prácticos. Esta labor, sostenida por el propio colectivo, evidencia la urgencia de una respuesta por parte de la administración. La demanda es firme: que el Gobierno ejecute lo aprobado y demuestre con hechos, y no solo con palabras, su compromiso con la salud y el bienestar de las personas celíacas.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.



