Algo más de 82 millones de euros. Es el montante al que asciende el Plan de Choque firmado por la Junta de Castilla y León, los sindicatos CCOO y UGT y la Confederación de Organizaciones Empresariales (Cecale).El objetivo: proteger la actividad y el empleo tras la crisis generada por el COVID-19.

Las ayudas al sector de la hostelería y el turismo superan los 21 millones de euros. Le sigue, con 20 millones, un plan para el fomento de la contratación en corporaciones locales de más de 20.000 habitantes que conllevará la creación de más de 2.000 contratos de seis meses de duración.

El Plan suscrito por los integrantes del Diálogo Social incluye, además, una partida de siete millones de euros en forma de ayudas a trabajadores en ERTE y desempleados. Y destina más de 12 millones de euros a programas para reactivar el consumo y apoyar al comercio, así como al sector cultural y a los feriantes.

Un acuerdo "a punto de romperse"

Patronal y sindicatos coinciden en que la negociación no ha sido fácil. "Ha estado a punto de romperse", según Santiago Aparicio. El presidente de Cecale ha decidido estampar su firma tras ver incrementadas las partidas destinadas a inyectar liquidez a las empresas. Una cuestión, la de la financiación, "fundamental" para "darles vida" y "mantener puestos de trabajo" y en la que, ha denunciado Aparicio, no había habido avances significativos en los últimos meses.

Todas las partes se han visto obligadas a ceder. Las posiciones de partida eran muy dispares. "No es el acuerdo que nos hubiera gustado firmar", ha reconocido el secretario general de UGT en Castilla y León, Faustino Temprano. Pero supone un "tapón", en palabras del secretario regional de Comisiones Obreras, Vicente Andrés, a la "hemorragia" laboral que está produciendo la crisis sanitaria.

Empresarios y centrales sindicales coinciden en que habrá que seguir negociando para adaptar la estrategia de la Comunidad al articulado de los fondos que lleguen del Gobierno de España y de la Unión Europa. También para atender nuevas realidades. Desde Cecale ya apuntan que habrá que ampliar los períodos de carencia a dos o tres años, vista la evolución de la pandemia.

Por el momento, UGT urge a aplicar con premura lo acordado. "Lo que no puede suceder es que firmemos acuerdos y luego no salgan publicados en el Bocyl (Boletín Oficial de Castilla y León)", ha advertido Temprano. Teme que para cuando las ayudas se materialicen el empresario haya "quebrado" y, por consiguiente, el trabajador "se quede sin puesto de trabajo".

"Resucitar" el Diálogo Social

Tras firmar el Plan de Choque, el presidente de la Junta de Castilla y León ha afirmado que el Diálogo Social "está más vivo que nunca".

No comparten el resto de integrantes la percepción de Alfonso Fernández Mañueco (PP). Ni sindicatos ni patronal olvidan el reciente incumplimiento del Gobierno autonómico, que modificó, de forma unilateral y sin previo aviso, las bases para acceder a la ayuda complementaria para trabajadores afectados por ERTEs.

El acuerdo, según Vicente Andrés, ha permitido "resucitar" las relaciones con la Junta tras "una agresión brutal". Por parte de sindicatos y empresarios, ha afirmado Temprano, se mantiene la "lealtad". Pero "el movimiento", ha añadido Aparicio, "se demuestra andando.