Casi un centenar de personas arropan en Palencia a jueces y fiscales en su protesta contra las reformas del Gobierno

Casi un centenar de personas se han concentrado este martes en la plaza de los Juzgados de Palencia para mostrar su apoyo a los jueces y fiscales que han secundado el paro de 10 minutos convocado a nivel nacional en protesta por dos reformas impulsadas por el Gobierno. La movilización ha sido respaldada por cinco de las siete asociaciones profesionales, que denuncian un ataque directo a la independencia judicial y al Estado de Derecho.

Durante el acto, la teniente fiscal María José Ron ha leído un manifiesto en el que se alertaba de que la independencia judicial “está bajo amenaza” por las iniciativas legislativas en curso: el proyecto de ley que modifica el acceso a las carreras judicial y fiscal, y el anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Según han denunciado, la primera medida —tramitada por la vía de urgencia— supondrá un deterioro en la calidad y objetividad de los procesos de acceso a la judicatura, al sustituir contenidos fundamentales por pruebas más subjetivas y presuntamente más vulnerables a influencias ideológicas. Uno de los puntos más controvertidos es la creación de un centro de preparación de opositores que dependería directamente del Gobierno, lo que a juicio del colectivo conlleva un riesgo de “selección ideológica” de futuros jueces y fiscales.

Además, el proyecto contempla incorporar directamente a la carrera judicial y fiscal a más de 1.300 sustitutos sin pruebas adicionales, lo que los manifestantes consideran una grave vulneración de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Esta medida, subrayan, afectaría no solo a las nuevas promociones, sino también a miles de opositores que se encuentran actualmente preparando estas exigentes pruebas con dedicación y esfuerzo.

En cuanto a la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, los manifestantes denuncian un incremento de las competencias del Fiscal General del Estado —nombrado directamente por el Gobierno— lo que aumentaría el riesgo de injerencias políticas, especialmente en casos de corrupción. Critican también la eliminación de garantías de autonomía para los fiscales, contraviniendo, aseguran, las exigencias de la Unión Europea en materia de independencia judicial.

“Un poder judicial fuerte e independiente no es un privilegio de los jueces, sino una garantía de los ciudadanos”, rezaba el manifiesto leído por Ron. En este sentido, los convocantes recordaron que estas reformas se están produciendo en un contexto de creciente hostilidad hacia las resoluciones judiciales por parte de responsables políticos, lo que a su juicio mina la confianza ciudadana en el sistema de justicia y abre la puerta a posibles abusos de poder.

Durante la concentración, también se reclamó la urgente necesidad de crear nuevas plazas judiciales y fiscales para mejorar la calidad y la agilidad del servicio. “Llevamos años pidiéndolo y seguimos sin respuesta”, apuntaron.

El manifiesto concluía advirtiendo que, si el Gobierno no retira ambas reformas, no se descarta convocar movilizaciones más contundentes, incluida una huelga. El ambiente durante el acto fue de unidad, preocupación y compromiso con la defensa del Estado de Derecho. Entre los asistentes se encontraban profesionales del sector judicial, representantes de colectivos civiles y ciudadanos que, pese al horario matinal, decidieron acudir para respaldar lo que consideran una causa crucial para la democracia.

La jornada de paro ha tenido eco en numerosas ciudades del país, en una protesta sin precedentes recientes en el ámbito judicial, que podría marcar el inicio de un conflicto mayor si no se produce una rectificación legislativa.

COMUNICADO COMPLETO

"La Constitución de 1978 implanta en España el Estado de Derecho al sancionar el imperio de la ley, la separación de poderes y la existencia de un Poder Judicial independiente de toda injerencia política como garante de los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía. 

Esta independencia judicial, clave para hablar de una democracia real y de una verdadera integración en la Unión Europea, está bajo amenaza por las recientes iniciativas legislativas. Entre estas se encuentran el proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal y el anteproyecto de reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, iniciativas ambas contras las que hoy reaccionamos con este paro. 

El primero, tramitado injustificadamente por vía de urgencia, es un proyecto que no responde a demanda social alguna. Además, ha recibido un informe técnico muy crítico por parte el Consejo General del Poder Judicial. 

Se trata de una reforma legal que va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para nuestra formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración. Así mismo, y entre otras medidas (como la de meter la política dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces), se pretende crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno y, por ello, con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país. 

Pero, sobre todo, poniendo falsamente a Europa como excusa, se quiere modificar la base de ambas carreras convirtiendo en jueces y fiscales a mil trescientos jueces y fiscales sustitutos, sin pruebas que midan su aptitud para ello y, consecuentemente, en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, con grave perjuicio de las promociones más jóvenes y de los miles de opositores que se están sacrificando para alcanzar su sueño de ser juez o fiscal. A la vez que todo esto, y con el segundo anteproyecto referido, se quieren aumentar las competencias del Fiscal General del Estado, quien, como jefe de todos los fiscales, también de los futuros fiscales de instrucción que quieren crearse, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo, lo que, sumado a la eliminación de garantías de autonomía de los fiscales, incrementará aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción. Todas estas reformas tienen lugar en un ambiente de continuo ataque al poder judicial y de descrédito de la Fiscalía, con declaraciones políticas que deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan, que tratan al Ministerio Fiscal como un apéndice el Gobierno y que, por todo ello, minan la confianza de los ciudadanos en su Justicia, lo que facilita los abusos de poder contra esos mismos ciudadanos. Y es que la existencia de un poder judicial fuerte e independiente no es un derecho de los jueces, es una garantía de todos, como lo es tener una Fiscalía imparcial y autónoma. Ambas exigencias son imprescindibles para preservar la buena salud democrática de un país. 

No quepa duda de que estas reformas de que hablamos, enmarcadas entre otras que se han ido produciendo, van encaminadas a convertir al poder judicial en un poder con minúscula, un poder más débil en su función de contrapeso del poder político, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder, en la senda de las democracias iliberales que, por eso, no lo son realmente.

Por todas estas razones, y con este paro, pedimos la retirada de ambos proyectos. Y para el caso que no sea así, no descartamos la adopción de medidas de conflicto más intensas, como la huelga. Sin olvidar que también reclamamos, como llevamos haciendo desde hace lustros, una masiva creación de plazas judiciales y fiscales a fin de mejorar la calidad y rapidez del servicio que prestamos a la sociedad. Muchas gracias a todos los asistentes, compañeros y compañeras jueces y fiscales, pero también a quienes, dada la gravedad de lo pretendido, habéis decidido acompañarnos hoy para mostrar vuestro apoyo en la defensa y protección del Estado de derecho".