La prórroga del alquiler desata un "cabreo importante" entre los propietarios de Cantabria

El Gobierno de España, a iniciativa de la ministra Yolanda Díaz, ha aprobado un real decreto que introduce una prórroga de los contratos de alquiler. Esta medida permite a los inquilinos extender la duración de sus contratos incluso si el propietario desea recuperar la vivienda, todo ello sin necesidad de renegociar las condiciones ni enfrentarse a subidas de precio. Aunque la intención es proteger a quienes viven de alquiler, la medida ha provocado un profundo malestar en el sector inmobiliario.

En Cantabria, la norma afecta a entre 6.000 y 8.000 contratos de alquiler, lo que involucra a unos 5.000 propietarios. El enfado entre ellos es evidente, según ha reconocido Agustín Martínez, secretario de AFICAN, asociación que une a varias inmobiliarias en la región, y miembro de AFILIA, e  integradas en la la federación nacional ( FAI), en el programa Herrera en COPE Cantabria. Martínez considera que el decreto llega en un momento inoportuno, ya que dificulta los esfuerzos para sacar más viviendas al mercado del alquiler y dar confianza a los dueños de inmuebles.

Un cabreo por imperativo de orden

El secretario de AFICAN ha querido subrayar que el malestar de los propietarios no se debe tanto a la renovación o al límite en la subida del precio, sino a que se imponga por "imperativo de orden", sin contar con ellos. "El cabreo es importante, muy importante", ha afirmado Martínez, quien denuncia que se están trasladando a los propietarios responsabilidades que deberían asumir las administraciones públicas. A su juicio, es una solución fácil para el Gobierno que, sin embargo, perjudica al ahorrador.

Martínez ha roto una lanza en favor del perfil del arrendador en la región, explicando que no se trata de grandes tenedores. "La gran mayoría, y hablamos de porcentajes por encima del 93 por 100, son pequeños propietarios de una o dos viviendas, como muchísimo, que lo que hacen es complementar su sueldo o complementar su pensión", ha detallado. Según él, no se puede hablar de especulación por parte de fondos de inversión en la comunidad.

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Detalles de la nueva prórroga

El decreto, que ha estado vigente de forma provisional, permite que cualquier inquilino cuyo contrato venza próximamente pueda solicitar una renovación de año tras año hasta un máximo de dos años. Esta prórroga se puede aplicar "sin el consentimiento o el acuerdo de la parte propietaria", bastando únicamente la solicitud del arrendatario. Todos los contratos renovados bajo este marco durante el periodo de vigencia del decreto mantendrán su validez.

Otra de las condiciones más controvertidas es que el aumento de la renta durante esas posibles dos anualidades de prórroga queda limitado a un máximo del 2 %. Esta cifra se fija con independencia del IPC que corresponda, en un contexto de inflación que se prevé superior al 3% o 4%.

Posible ilegalidad y sus consecuencias

Sobre la legalidad de la norma, Agustín Martínez ha señalado que sus servicios jurídicos estiman que el decreto podría ser anulado por los tribunales. Sin embargo, advierte de que el proceso judicial sería muy lento. "Tener en cuenta que eso será dentro de dos años tranquilamente, con lo cual, bueno, pues quizás la, supongamos, fuera recurrible y fuera anulada este real decreto, sería muy tarde. Las consecuencias ya estarían hechas", ha lamentado.

Sería muy tarde, las consecuencias ya estarían hechas"

Agustín Martínez 

Secretario de AFICAN 

La principal consecuencia de esta situación es la inseguridad jurídica que se genera. Martínez ha detectado que muchos propietarios ya se plantean quitar viviendas que están en el parque de alquiler y pasarlas a venta en cuanto les sea posible. "La inseguridad que crea es genérica, no da una seguridad a futuro", ha insistido. Además, no se descartan otras "medidas de rebeldía", como un aumento de la economía sumergida o los alquileres sin contrato.

El real decreto contempla excepciones muy limitadas para que un propietario pueda recuperar su vivienda. Solo puede hacerlo por motivos personales muy justificados, como necesitarla para uso propio, pero en ningún caso por razones económicas. "Por problemas económicos, no se contempla", ha aclarado el experto.

En conclusión, Agustín Martínez ha insistido en que el principal problema no es la contención de precios que pueda suponer la medida, que considera "muy débil", sino "el desasosiego y en la poca confianza jurídica" que provoca en todo el sector. Un escenario de inseguridad que, según ha sentenciado, traerá "consecuencias negativas, seguro" para el mercado del alquiler.