Canarias se convierte en un paraíso para los 'inquiokupas' ante una normativa "esperpéntica"

La normativa que regula la okupación y, sobre todo, la 'inquiokupación' en España ha alcanzado una dimensión "esperpéntica". Así de contundente se ha mostrado Ricardo Bravo, presidente de la Plataforma de Afectados por la Okupación, en una entrevista en Herrera en COPE Tenerife. El fenómeno, lejos de mitigarse, sigue creciendo y golpea con especial dureza a las zonas turísticas como Canarias, donde la desesperación ha llevado a una situación insólita: actualmente hay a la venta 640 viviendas con un okupa dentro. Esta cifra, que según Bravo es solo la punta del iceberg, revela la profundidad de una crisis que está transformando el mercado inmobiliario y llevando al límite a miles de pequeños propietarios.

El vulnerable no es el 'inquiokupa', sino el propietario jubilado

Uno de los mitos que Ricardo Bravo ha querido desmontar es el perfil del arrendador. Lejos de la imagen de grandes especuladores, la realidad es que "el 93 por 100 del mercado del alquiler está en manos de pequeños tenedores". Se trata, en su mayoría, de familias que solo poseen una vivienda destinada al alquiler. Por tanto, el fenómeno de la 'inquiokupación' "no está atacando a grandes fortunas ni a grandes fondos de inversión, sino que está atacando a la clase media que tiene una única vivienda", ha señalado Bravo. El miedo, en consecuencia, se multiplica para estos pequeños ahorradores.

El drama se acentúa al analizar la demografía de estos propietarios. Según los datos que maneja la plataforma, casi la mitad de los afectados son personas jubiladas. "Estamos hablando de un 45 por 100 aproximadamente", ha concretado Bravo. Son ciudadanos que, tras toda una vida de trabajo, invirtieron sus ahorros en una segunda propiedad para "asegurarse un retiro, una vejez cómoda económicamente" y que ahora se ven atrapados en una pesadilla legal y financiera sin precedentes, enfrentándose a un problema que les desborda.

Estos propietarios se enfrentan a "una situación jurídica que la verdad llega a ser bastante esperpéntica", ha denunciado Bravo. La ley les deja en una indefensión casi total, hasta el punto de que el propietario "no tiene ningún derecho, es que ni siquiera es parte de las decisiones". El presidente de esta plataforma mantiene que quien decide es la administración a través de unos informes de vulnerabilidad de los servicios sociales que, en muchas ocasiones, son cuestionables. "Todos sabemos que es muy fácil forzar una vulnerabilidad", ha añadido, criticando los "gravísimos errores" que se cometen en expedientes donde no se verifica la documentación de las supuestas familias vulnerables.

Pagar un rescate, la única salida rápida

El origen del caos actual, según el presidente de la plataforma, tiene una fecha clara: el decreto antidesahucios que se aprobó durante la pandemia de COVID y que sigue vigente. Aunque tuvo su lógica en un primer momento, su prórroga sistemática ha creado un vacío legal que muchos aprovechan. Simplemente con declararse vulnerables, los 'inquiokupas' "dejan de asumir esa responsabilidad" de pago, con la certeza de que la justicia tardará años en actuar. El resultado es que cada vez más personas "se suben al carro a sabiendas de que no les va a pasar absolutamente nada".

La fórmula más rápida para recuperar tu vivienda de quien te la ha inquiocupado es tener que pagarles dinero"

Ricardo Bravo

Presidente de la Plataforma de Afectados por la Okupación

Ante la lentitud y la ineficacia de la justicia, los propietarios se ven abocados a una única solución desesperada: la extorsión. Ricardo Bravo ha confirmado que las coacciones por parte de los 'inquiokupas' son una práctica generalizada. "La fórmula más rápida para que salgan los 'inquiokupas' de una vivienda es pagándoles un rescate", ha lamentado. Esta situación convierte al propietario en una doble víctima: no solo pierde el ingreso del alquiler y debe seguir pagando los suministros, sino que además se ve forzado a pagar un dinero para que desalojen la vivienda.

Un efecto contrario: menos pisos y más caros

La consecuencia directa de esta "inseguridad jurídica", como la ha calificado Bravo, es la destrucción del mercado del alquiler. El miedo a sufrir una 'inquiokupación' —que supone una pérdida de "dinero, tiempo y salud"— provoca que muchos pequeños propietarios retiren sus viviendas del mercado. Esta drástica reducción de la oferta, frente a una demanda que no deja de crecer, genera un efecto perverso y totalmente opuesto al que teóricamente busca el Gobierno.

El gobierno quiere facilitar el acceso a los que menos recursos tienen, y al final son los que no pueden acceder"

Ricardo 

Presidente de la Plataforma de Afectados por la Okupaciónº

El resultado es que "hay menos casas, hay más demanda y unas condiciones además leoninas para poder acceder a una". Al final, la ley que pretendía facilitar el acceso a la vivienda a las personas con menos recursos consigue justo lo contrario: "al final son los que no pueden acceder". Bravo ha comparado la situación con otros países del entorno como Suecia, donde un problema de okupación "se da una solución a las 24, 48 horas siguientes", algo impensable en España, donde los okupas "pueden permanecer años en las viviendas".

Canarias es un ejemplo paradigmático de este problema. Su condición de zona turística y la existencia de "muchas propiedades de ciudadanos europeos" la convierten en un objetivo prioritario. Estos propietarios extranjeros, al desconocer el sistema legal español, son aún más vulnerables y muchas veces ni siquiera denuncian, por lo que Bravo considera que la cifra oficial de 640 viviendas en venta con okupa "es a la baja" y que "puede haber un número bastante mayor".

Para concluir, Bravo ha insistido en que el problema es mucho más grave de lo que algunos sectores quieren admitir. Ha denunciado que quienes niegan el fenómeno utilizan un "dato muy parcial, muy sesgado", que solo contabiliza los delitos penales de allanamiento y usurpación, dejando fuera toda la casuística de la 'inquiokupación' y los procesos civiles. La realidad, ha sentenciado, es que el marco legal actual ha creado una situación "esperpéntica" que está ahogando a los pequeños ahorradores y dinamitando el mercado del alquiler en España.