Así está beneficiando la okupación en Canarias a los especuladores y fondos buitre: "Se están haciendo más poderosos"

El fenómeno de la okupación ha generado un boyante y controvertido nicho de mercado en Canarias. Un total de 640 viviendas con okupas se encuentran actualmente a la venta en el archipiélago, lo que supone un 3% del total nacional. Este dato, extraído de un reciente informe del portal Idealista, destapa una realidad que está siendo aprovechada por fondos de inversión y especuladores. Según el estudio, la provincia de Las Palmas concentra la mayor parte de esta oferta, con 358 inmuebles en esta situación, mientras que en Santa Cruz de Tenerife la cifra alcanza las 282 propiedades. Lejos de ser un problema para ellos, la presencia de un inquilino ilegal es el principal atractivo, ya que les permite adquirir los inmuebles con descuentos de hasta el 60% sobre su valor de mercado.

Este escenario convierte la necesidad de vivienda en “carne de especulación”, como han denunciado los expertos inmobiliarios Fran Bello, de la inmobiliaria Francasa, y Loly Marichal, de Continental Expert, en Herrera en COPE Tenerife. Ambos profesionales del sector han detallado cómo funciona un negocio que se nutre de la desesperación de los propietarios y de una legislación permisiva y laxa con el fenómeno de la okupación,q ue, en la práctica, permite estas operaciones. Los grandes beneficiados son inversores con alta liquidez que compran las propiedades a bajo coste, asumen el proceso de desahucio y, una vez liberado el inmueble, lo reintroducen en el mercado a un precio muy superior, obteniendo así un considerable beneficio económico.

Un negocio para inversores y poderosos

La pregunta clave es quién se atreve a comprar una vivienda con un okupa dentro. Según Loly Marichal, no es una operación para un particular que busca un hogar. “No puedo hipotecarla, porque con un okupa dentro, a ver cómo la hipoteco, salvo que yo tenga mi dinero”, ha señalado. Este factor limita el acceso a este tipo de ‘ofertas’ a un perfil muy concreto: el inversor con capital. Marichal ha lamentado que esta situación contribuye a que “los poderosos sigan adquiriendo propiedades”, ya que una familia media que necesita una vivienda para entrar a vivir no puede permitirse ni el riesgo ni los tiempos de espera que implica un proceso judicial para desalojar al okupa.

El poderoso sigue siendo más poderoso”

Loly Marchal

Propietaria de la Inmobiliaria Continental Expert

Fran Bello ha confirmado que esta práctica "no es nueva" y que son principalmente "los especuladores  y los fondos buitre quienes la llevan a cabo". En ese contexto, ha puesto como ejemplo el caso de un cliente al que le ofrecieron dos apartamentos en Corralejo, en la isla de Fuerteventura, por 70.000 euros cada uno, cuando su valor real ascendía a 180.000 euros. La razón de la rebaja era simple: tenían “bicho” dentro. El negocio es claro: “Los números me dicen a mí que en esa vivienda me estoy ahorrando 60.000 euros, y oye, por 5.000 o 6.000 euros, creo que puedo sacar al okupa”, ha explicado Bello. El resultado, como ha sentenciado Marchal, es que “"el poderoso sigue siendo más poderoso"”, acaparando propiedades que el ciudadano medio nunca podrá adquirir en esas condiciones.

La legislación como catalizador del problema

Según los expertos, la legislación actual es un factor determinante que impulsa este mercado especulativo. Fran Bello ha sido muy crítico con el marco legal, argumentando que protege en exceso al okupa. “La legislación a día de hoy les impide a los bancos hacer procedimientos de desahucios más fáciles que a un particular”, ha comentado. Ante la dificultad y la lentitud para recuperar la posesión, estas entidades optan por la solución más rápida para sus balances: vender la propiedad con el okupa dentro a un precio de saldo, trasladando el problema y el potencial beneficio a un tercero.

Si al banco se le permitiera echar a esa persona, pondría la vivienda en circulación para que cualquiera la pueda adquirir”

Fran Bello 

Propietario de Inmobilaria Frankasa

Esta dinámica genera una grave distorsión en el mercado. “"Si al banco se le permitiera echar a esa persona, pondría la vivienda en circulación para que cualquier persona pueda adquirir esa vivienda con una hipoteca", ha insistido Bello. Sin embargo, al no poder hacerlo, la única vía que les queda es una venta que en muchos casos, queda en manos de especuladores. Esto no solo saca las propiedades del circuito de venta convencional, sino que agrava la escasez de oferta para el comprador particular, como el caso de Marco, un oyente del programa que con 51 años se ha visto obligado a compartir piso con un extraño. Mientras tanto, el inversor no tiene prisa: “Ellos al cabo de unos años tendrán la propiedad y es el que luego dirá: ‘lo alquilo, alquiler vacacional o lo vuelvo a vender ganándome 200.000 euros’”, ha añadido Loly Marchal.

Un mercado de alquiler al límite y malas prácticas

El fenómeno de la especulación con pisos okupados se enmarca en un contexto de extrema tensión en el mercado del alquiler en Canarias. Ambos agentes inmobiliarios han confirmado que un piso en alquiler dura en el mercado “cinco minutos”. La demanda es tan alta que muchas veces ni siquiera llegan a publicar los anuncios. “Miro donde tengo ya ciertos clientes que sé que con sus medios económicos pueden pagarlo, y los llamo”, ha relatado Marchal. Esta escasez crea un caldo de cultivo para prácticas abusivas y a menudo ilegales.

Un ejemplo es el cobro por visitar un piso, como los 120 euros que le exigían al Marco, solo por ver la vivienda, para decidir si le gustaba o no. Bello y Marchal han condenado tajantemente esta práctica, aclarando que como profesionales regulados tienen prohibido por ley realizar dichos cobros. Sin embargo, reconocen que el “desespero tan grande que tiene el futuro inquilino” le lleva a aceptar “cualquier cosa”. Además, han alertado también sobre el intrusismo en el sector y el uso de publicidad engañosa por parte de particulares o falsos agentes, que utilizan fotos retocadas para atraer a interesados y quedarse con el dinero de la visita. Por ello, han concluido reivindicando la necesidad de crear un registro de agentes inmobiliarios de Canarias que aporte garantías y seguridad al consumidor.