Incertidumbre en las piscinas de Zaragoza: los trabajadores temen el cierre y el Ayuntamiento lo descarta

La situación de los centros deportivos municipales de Zaragoza ha entrado en un punto crítico. La UTE Piscinas Zaragoza (Salzillo Servicios Integrales–Imesapi), actual adjudicataria del servicio en Alberto Maestro-Tenerías y Palafox, ha comunicado a la plantilla el inicio de un ERTE que afectaría a la totalidad de sus 50 trabajadores a partir del próximo 1 de mayo. El motivo, según la empresa, es la finalización de su contrato el 30 de abril sin que el Ayuntamiento de Zaragoza haya comunicado una prórroga o activado un nuevo concurso.

Una amenaza que se extiende

La preocupación va más allá de estos dos centros. Según ha denunciado el sindicato UGT, la misma empresa gestiona otros lotes, como el del personal de socorrismo de 12 piscinas de verano o los centros Siglo XXI y Garcés, y ha anunciado que actuará “exactamente de la misma manera” a medida que venzan sus respectivos contratos. Esto sitúa a la plantilla en una situación de absoluta incertidumbre, en medio de lo que describen como “una batalla entre la empresa y la administración”.

No sabemos qué va a suceder, si el día 1 de mayo tendremos que ir a trabajar o estaremos inscritos en el paro"

Víctor Escorsa

Delegado de UGT en la UTE Piscinas de Zaragoza

El delegado de UGT en la UTE, Víctor Escorsa, ha resumido la angustia de los afectados, una plantilla con una media de edad de 45 años, una antigüedad de más de 20 en el servicio y, en su mayoría, con cargas familiares. “La plantilla no sabemos qué va a suceder, si el día 1 de mayo tendremos que ir a trabajar o estaremos inscritos en el paro”, ha lamentado. Desde el sindicato, ya han solicitado sin éxito una reunión con la concejalía de Deportes.

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El Ayuntamiento garantiza el servicio

Frente a este escenario de crisis, la posición del Ayuntamiento de Zaragoza es de total tranquilidad. Fuentes municipales han insistido a COPE que tanto las piscinas como los pabellones deportivos “van a abrir” y que el servicio “no está en peligro”. Califican la prestación como un “servicio esencial” y aseguran que, por tanto, “se va a seguir prestando pase lo que pase”.

Desde el consistorio han querido lanzar un mensaje de calma: “Que nadie tenga ninguna duda al respecto”. Aunque evitan entrar en cuestiones laborales, señalan que los contratos “están llevando su curso habitual” y que las licitaciones saldrán. Mientras tanto, insisten, la empresa tiene la obligación de continuar con el servicio “con la compensación económica que corresponda” hasta que se resuelva la nueva adjudicación.

UGT denuncia “falta de diligencia”

La versión del sindicato es radicalmente opuesta. La Federación de Servicios Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT Aragón acusa al Ayuntamiento de una grave “falta de planificación”. Según denuncian, el consistorio no ha activado a tiempo los mecanismos que prevé la Ley de Contratos del Sector Público, como la prórroga o la tramitación anticipada, para evitar precisamente este vacío contractual.

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Para UGT, esta “dejación de funciones” no es una cuestión meramente administrativa, sino que compromete un servicio esencial y pone en jaque a sus plantillas. Advierten que no aceptarán que la “desorganización administrativa” se traduzca en despidos y anuncian que, de materializarse el ERTE, lo judicializarán al entender que no se ajusta a derecho.