Intervenidos en La Rinconada más de 500 kilos de pescado en mal estado o sin trazabilidad

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, en colaboración con la Inspección Pesquera de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA), han intervenido un total de 580 kilos de productos pesqueros en una pescadería de La Rinconada.

La actuación se desarrolló el pasado 30 de julio en el marco del Plan Anual de Control Integral de Actividades Pesqueras (PACIAP), que tiene como finalidad garantizar la seguridad alimentaria y el cumplimiento de la normativa pesquera vigente.

Durante la inspección, los agentes detectaron que 336 kilos de pescado y marisco se encontraban en mal estado, al haber superado su fecha de caducidad para el consumo humano. El resto, 244 kilos, carecía de la documentación que acreditara su procedencia e identificación, lo que impide verificar su trazabilidad y su legalidad en el mercado. Entre las especies decomisadas figuraban jibia, merluza y chipirón, todas examinadas por los servicios veterinarios.

Tras el análisis, y a la vista del informe emitido por la veterinaria de la zona, se declaró que el producto no era apto para el consumo humano por el grave riesgo que representaba para la salud. Todo el decomiso fue destruido por una empresa autorizada, cumpliendo los protocolos establecidos.

Desde la Guardia Civil y la AGAPA recuerdan que la trazabilidad es clave para garantizar que el pescado proviene de capturas legales, ha pasado por los controles sanitarios pertinentes y se ha conservado en condiciones adecuadas. La ausencia de esta documentación no solo dificulta el control, sino que abre la puerta a la comercialización de pescado procedente de actividades ilegales, con el consiguiente riesgo para los consumidores y para la biodiversidad marina.

El consumo de pescado en mal estado puede causar intoxicaciones alimentarias graves, como histaminosis o infecciones bacterianas, que pueden requerir hospitalización. Además, fomenta la pesca furtiva y la sobreexplotación de especies, amenazando la sostenibilidad de los caladeros.

En palabras de José Ramón Lisarte, portavoz de la Guardia Civil de Sevilla, esta intervención demuestra “el compromiso de garantizar un sistema de trazabilidad que avale la seguridad alimentaria y ofrezca al consumidor información clara y detallada sobre el producto que compra”.

Este operativo se suma a otros desarrollados en la provincia de Sevilla y en Andalucía, donde cada año se incautan miles de kilos de productos pesqueros que no cumplen la normativa. Las autoridades han reiterado que mantendrán una vigilancia constante para proteger la salud de los consumidores y preservar los recursos marinos.