Las agresiones a guardias civiles en Huelva se disparan un 200% en cinco años

Las agresiones a guardias civiles en la provincia de Huelva se han disparado de manera alarmante en los últimos cinco años. Según datos oficiales obtenidos por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), entre 2020 y 2024 se registraron 177 agresiones, lo que supone un incremento del 200%. Este aumento de la violencia ha provocado también que el número de agentes lesionados crezca un 380% en el mismo periodo.

Como consecuencia directa, las bajas médicas de agentes por agresiones han aumentado un 240%. Desde la asociación señalan que estos periodos de baja "afectan a la seguridad ciudadana", ya que son guardias civiles que no pueden prestar servicio. Para AUGC Huelva, estas cifras no buscan crear alarma social, sino denunciar un problema grave que el Ministerio del Interior no parece considerar prioritario.

Un problema de autoridad y de medios

La AUGC atribuye esta escalada de violencia a varios factores, entre los que destacan la pérdida del principio de autoridad, la falta de garantías jurídicas para los agentes y una escasa sanción penal para los agresores. Además, apuntan al aumento de acciones ilegales relacionadas con el narcotráfico y a la falta de personal, que obliga a una sola patrulla a enfrentarse a situaciones que requerirían más apoyo.

La falta de efectivos, formación y medios está generando una importante sensación de inseguridad en los propios agentes. La situación se agrava por la lentitud o la ausencia de apoyos en intervenciones complicadas, dejando a los guardias civiles en una posición de gran vulnerabilidad.

La ‘profesión de riesgo’, una demanda histórica

A pesar de la contundencia de los datos, la principal reivindicación del colectivo sigue sin ser atendida. "Es indignante que el Ministerio del Interior y el Gobierno sigan sin reconocer a los guardias civiles y a los policías nacionales como profesión de riesgo", denuncian desde AUGC. Recuerdan que es una condición que ya tienen los Ertzainas (desde 2009), los policías locales (2019) y los Mossos y policías forales (2022).

Los agentes se sienten discriminados no solo en este aspecto, sino también en el salarial. Consideran que "la situación en la calle evoluciona continuamente a peor y los agentes se convierten en blanco de los delincuentes". La percepción es que los agresores "saben lo barato que les sale agredirles, amenazarles e insultarles", debido a penas que califican de "irrisorias" e indemnizaciones que rara vez se cobran por la insolvencia de los condenados.

Los agentes se convierten en blanco de los delincuentes, que saben lo barato que les sale agredirles"

Lucas Lavilla

secretario general de AUGC Huelva

Más personal y endurecimiento de las penas

Para atajar esta situación, desde AUGC proponen un endurecimiento de las penas para los delitos de agresión a agentes y un incremento de la protección jurídica. También exigen una dotación de medios adecuados, como pistolas táser y cámaras corporales, y un aumento significativo de la plantilla en Huelva, donde se acumulan más de 300 vacantes sin cubrir y se estima necesario un refuerzo de al menos otros 200 guardias civiles.

Otra de las críticas se centra en el ámbito judicial. La asociación considera que el trámite continuo de las agresiones por juicio rápido es perjudicial, ya que a menudo se celebran "sin tener la certeza del tiempo de la curación" de las lesiones. Esto impide una correcta evaluación por parte del médico forense y afecta tanto a la pena impuesta como a la reclamación por los daños que puede exigir el agente agredido.