El campo granadino da una tregua al Gobierno y suspende sus protestas

Las principales organizaciones agroganaderas (Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias) han desconvocado la protesta prevista para este miércoles ante la Subdelegación del Gobierno en Granada. El motivo, según ha comunicado Asaja, es "una posible solución a las demandas del sector planteada por el Ministerio" durante la tarde del martes, que abre la puerta a negociar la concesión de ayudas por los daños de los temporales de enero y febrero.

No obstante, las organizaciones advierten que se mantienen alerta. Aunque la concentración se aplaza, anuncian que, "de no obtener respuesta satisfactoria" a sus demandas en las negociaciones, "se retomarían las acciones en la calle". El objetivo de la movilización es "unir fuerzas para defender los intereses de los agricultores y ganaderos de la provincia".

Seis comarcas excluidas

El conflicto se origina por el Real Decreto-ley aprobado el pasado 19 de febrero para paliar los daños de los temporales. Según denuncian las organizaciones, la delimitación territorial del decreto deja fuera a seis comarcas de la provincia de Granada: Los Montes, Alpujarra, Valle de Lecrín, Guadix, Baza y Huéscar. Esta exclusión afectaría directamente a unos 23.500 agricultores y ganaderos, de los que 17.600 pertenecen a 34 cooperativas.

Las pérdidas económicas estimadas por el sector superan los 117 millones de euros, lo que equivale al 40% de la producción. El cultivo más afectado es el olivar, con más de 84.000 hectáreas dañadas. De mantenerse la exclusión, la provincia dejaría de percibir unos 84 millones de euros, de los cuales 63 millones corresponderían a las cooperativas, con una afección de entre 5.000 y 25.000 euros por explotación.

Una situación agravada

El impacto de los temporales se suma a una situación ya delicada para el campo granadino, que "arrastra varios años de sequía muy severa que ya ha reducido de forma importante los rendimientos y las rentas de muchas explotaciones". Además, el sector recuerda que las comarcas excluidas coinciden con algunas de las zonas agrarias más desfavorecidas de la provincia, donde las rentas son más bajas.

Por todo ello, las organizaciones agrarias exigen "la revisión inmediata del decreto y la inclusión de las comarcas afectadas" para que los agricultores y ganaderos granadinos puedan acceder a un paquete de ayudas que consideran fundamental para su supervivencia.