Más profesores, menos niños por aula y teletrabajo: así es el gran pacto por la educación en Andalucía

Andalucía da un paso importante hacia la mejora de su sistema educativo. El acuerdo firmado este miércoles entre la Junta de Andalucía y los sindicatos CSIF, ANPE y UGT contempla una batería de medidas destinadas a reforzar la enseñanza pública, reducir la ratio de alumnos por clase, aumentar el número de docentes y mejorar las condiciones laborales del profesorado. El documento, aprobado previamente en la Mesa Sectorial de Educación, ha sido ratificado en un acto oficial celebrado en el Palacio de San Telmo, presidido por Juanma Moreno, junto a las consejeras de Educación, Carmen Castillo, y Hacienda, Carolina España.

Una de las medidas estrella del pacto es la incorporación de 6.500 nuevos profesionales al sistema educativo andaluz, lo que permitirá mejorar la atención a la diversidad y bajar la ratio de alumnos por aula. De ese total, 2.528 se incorporarán ya en septiembre de 2025, destinados principalmente a programas de refuerzo en competencias lectoras y matemáticas. Los 4.000 restantes se incorporarán de forma progresiva en los tres cursos siguientes, con el objetivo de alcanzar una ratio máxima de 22 alumnos por clase.

Este descenso en el número de estudiantes por aula comenzará a aplicarse el próximo curso 2025-2026 en el segundo ciclo de Infantil (de 3 a 6 años) y se completará en toda la etapa de Infantil en el curso 2028-2029. Además, se ha pactado que, para el cálculo de la ratio, los alumnos con necesidades educativas especiales cuenten como dos, lo que contribuirá también a una atención más individualizada. Para ese alumnado, se incrementará el número de docentes específicos y se limitará a dos el número de centros que podrá compartir cada profesional especializado.

Este ambicioso plan contará con un presupuesto inicial de 130 millones de euros, cofinanciados con fondos europeos, y tiene como meta fortalecer la calidad de la enseñanza pública en Andalucía, haciéndola más inclusiva y eficaz.

Junto a estas mejoras estructurales, el acuerdo incorpora avances significativos en las condiciones laborales del profesorado andaluz. Una de las novedades más destacadas es la reducción del horario lectivo semanal a un máximo de 18 horas en Secundaria, Bachillerato y FP. Si por causas excepcionales ese límite se supera, se reducirá el número de guardias asignadas al docente. Además, se introduce por primera vez la posibilidad de realizar actividades no lectivas mediante la modalidad de teletrabajo, salvo en el caso de sesiones de evaluación oficiales o atención a familias, que deberán seguir siendo presenciales.

En Educación Infantil y Primaria, el horario lectivo será de 23 horas y media, y el de permanencia en el centro de 28 horas semanales. También se ha acordado que los docentes puedan disfrutar de dos de los seis días anuales de asuntos particulares retribuidos durante el periodo lectivo, y se introduce un nuevo permiso parcialmente retribuido, ampliando así las posibilidades de conciliación personal y laboral.

Otro de los aspectos clave del pacto es la reducción de la carga burocrática que soportan los docentes. En respuesta a una de sus principales reivindicaciones, el acuerdo contempla la simplificación de informes y procedimientos, la eliminación de tareas duplicadas y la mejora de las herramientas digitales. La plataforma Séneca, utilizada para la gestión académica y administrativa en los centros educativos, será mejorada para facilitar estos procesos y liberar al profesorado de tareas repetitivas.

Durante el acto de firma, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha destacado que este es el duodécimo gran acuerdo alcanzado con los representantes sindicales del sector educativo desde el inicio de su mandato. "Este pacto no es solo una mejora para el profesorado, sino un compromiso con el futuro de nuestros hijos y con la igualdad de oportunidades", subrayó Moreno, agradeciendo el esfuerzo y la disposición de los sindicatos para alcanzar un consenso.

Con esta hoja de ruta, Andalucía aspira no solo a resolver carencias históricas del sistema, sino a consolidar un modelo educativo más humano, sostenible y adaptado a las necesidades reales del alumnado y del profesorado. Un nuevo paso en firme hacia una educación pública de calidad.