Una profesión 'invisible': dentro de las cárceles de Andalucía

COPE accede al testimonio de quienes coordinan y trabajan en la reinserción de los reclusos de las 14 cárceles andaluzas

Dentro de las cárceles de Andalucía
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Laura García

Andalucía - Publicado el - Actualizado

6 min lectura

"Trabajar en una cárcel es como enseñar a alguien a jugar al fútbol sin pelota. Se trata de enseñar a los reclusos a vivir en libertad, mientras están privados de ella". Nahum Álvarez, director del centro penitenciario de Almería-El Acebuche, es sociólogo y lleva 28 años formando parte del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias. En la cárcel de Almería hay alrededor de 900 internos. "Es como dirigir un pequeño municipio en el que comparten tiempo y espacio los reclusos, los trabajadores y los visitantes", explica. 

En Andalucía hay trece centros penitenciarios y el único hospital psiquiátrico penitenciario, que se encuentra en Sevilla. En total, 14 cárceles en las que viven alrededor de 12.300 personas privadas de libertad. La esencia del sistema penitenciario español es la de la reinserción, pero, inevitablemente, la idiosincrasia de una cárcel hace que ese "pequeño municipio" se transforme en un lugar más hostil que el de la vida real. Sobre todo, para quienes trabajan en ellos.  

"No debemos olvidar que en las prisiones viven personas que han sido condenadas por un juez. Esto no va de sentenciar y luego tirar la llave. En las cárceles debe haber gente que gestione, cuide y trate a estos reclusos. Y esos somos nosotros: funcionarios en el área de vigilancia, juristas, psicólogos, cocineros, médicos, técnicos, electricistas... que trabajamos en primera línea como un engranaje perfecto", afirma Teresa López, coordinadora de prisiones en CSIF Andalucía. 

una profesión "olvidada"

Hay más de 5.000 funcionarios trabajando en las cárceles andaluzas. Llevando a cabo una acción silenciosa, delicada y, en ocasiones, peligrosa. Las agresiones a funcionarios de prisiones han aumentado en los últimos años. Durante el último año 2024, 46 empleados fueron agredidos con lesiones, según datos facilitados por el Ministerio del Interior. Dos de ellos, graves.

 "Todo lo que tenemos para defendernos es nuestra fuerza física. No tenemos armas. Vamos uniformados con pantalón y polo. Solo podemos utilizar algunos medios coercitivos cuando sufrimos agresiones graves: las esposas, los aerosoles (que aún no los hemos visto) o el aislamiento provisional", añade López, que reitera la petición a Interior de poder contar con dispositivos táser "utilizado siempre de manera justificada". Todo, para defenderse de agresiones u objetos punzantes, como, por ejemplo, los 50 pinchos incautados en 2024 en la cárcel de Algeciras-Botafuegos, los 37 de Puerto III (Cádiz) o los 22 de Albolote (Granada). 

Cree que la suya es una profesión olvidada porque aún quedan muchas reivindicaciones históricas que no se han cumplido. Como la de ser considerados agentes de autoridad. Si lo fueran, un recluso que agrediese a un trabajador incurriría en un delito de atentado contra la autoridad, con consecuencias punitivas más severas que las actuales. 

Teresa López
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Teresa López, coordinadora de prisiones de Andalucía en CSIF

De entre las reivindicaciones históricas aún por materializar, la coordinadora regional de prisiones en CSIF, que también es funcionaria en la prisión de Alcolea (Córdoba), apunta a una falta constante de empleados. En la cárcel de Almería, por ejemplo, el sindicato estima que haría falta la incorporación de hasta 40 nuevos funcionarios. El 62% de los puestos vacantes en la cárcel de Huelva no se han cubierto. Tampoco otros 42 puestos en el centro penitenciario de Jaén. "La falta de trabajadores deriva, siempre, en mayor vulnerabilidad y facilidad para que suframos agresiones", sentencia. De entre todos los funcionarios, en CSIF aseguran que los médicos son los que dejan una mella más profunda en el engranaje de las cárceles andaluzas. 

"el hundimiento de la sanidad penitenciaria" tras la eclosión de los años 80

Javier -nombre ficticio- lleva 40 años trabajando como médico penitenciario en Córdoba. Primero, lo hizo en la antigua cárcel del barrio de Fátima. Desde hace 25 años, tras su cierre, se trasladó al centro penitenciario de Alcolea, a las afueras de la capital. "Toda una vida... algo sé de esto", confiesa al inicio de la conversación, justo antes de relatar lo que le pasó hace no mucho por primera vez -después de cuatro décadas de experiencia-. Fue el 6 de marzo de 2025.  

Una semana antes, un interno de la cárcel había vuelto de un permiso que le había costado mucho esfuerzo conseguir después de ganarse la confianza de quien debía dárselo. Cuando volvió a entrar, se le detectó "muchísima" droga: hachís, cocaína y pastillas. En ese momento, comenzó a tener varios encontronazos con el resto de internos por deudas generadas por las sustancias. La consecuencia de todo aquello fue una pelea que derivó en una paliza.

Quien debía atenderle de urgencia era Javier. "Llegó muy irascible. Cuando le dije que pasase a la sala de curas, se giró hacia mí y comenzó a amenazarme", relata el médico. "Acto seguido, cuando le dije que se relajase, recibí un puñetazo. Y luego, otro", cuenta. Cuando decide reducirlo, y a pesar del esfuerzo del resto de funcionarios, el recluso "estuvo mordiéndome en el brazo durante cerca de un minuto". Hoy, como relata Javier, tiene en el brazo "un tatuaje de por vida". 

Según explica el propio Javier, la sanidad penitenciaria está en declive. La razón: las condiciones laborales. Tras la eclosión de esta profesión durante los años 80, cuando los médicos de las cárceles se hicieron cargo de la aparición de enfermedades como el VIH o la Hepatitis C, "la situación comenzó a estancarse hasta el día de hoy porque no existe carrera profesional posible y los salarios siguen siendo bajos. Nadie quiere trabajar aquí y, el que puede, se va", explica, y añade: "de unas 700 personas que hubo en el inicio, hoy no quedan más de 200". CSIF ha pedido, por ello, que los médicos penitenciarios pasen a ser competencia exclusiva de la Junta de Andalucía "para que puedan cobrar como un médico de familia más". 

el hospital psiquiátrico penitenciario de sevilla, el único de andalucía 

Alrededor del 15% de la población reclusa en las cárceles de Andalucía tienen algún tipo de trastorno mental o discapacidad. A algunos de ellos, se les diagnostica una vez han ingresado en prisión. 

No obstante, Andalucía sí cuenta con un hospital psiquiátrico penitenciario. Se abrió en Sevilla en los años 90 y hoy alberga en su interior a 164 internos. No es, sin embargo, el lugar donde más agresiones sufren los trabajadores. "Las agresiones no se producen solo porque tengan problemas de salud mental. Se producen porque consumen drogas, porque quieren conseguir algo de nosotros y no pueden", explica Teresa López. 

nuevas fórmulas de introducción de droga y móviles en las cárceles

Se han dado en los últimos años numerosos casos de introducción de droga y teléfonos móviles, que es lo que más se incauta. El problema: que cada vez hay nuevas vías de ingreso de este tipo de elementos y sustancias estupefacientes. La última y más sofisticada: los drones. Pero no es la única: "Se están produciendo incluso lanzamientos desde el exterior con pelotas de tenis", explica el director de la cárcel de Almería, que asegura estar ya trabajando en la elaboración de nuevos protocolos de seguridad. 

Según datos del Ministerio del Interior, Almería ha sido la provincia donde se han incautado de más teléfonos móviles a lo largo del año pasado (195 en total), seguida de Málaga (161) y Albolote (160).  En cuanto a sustancias, Almería, Algeciras y Sevilla son las cárceles donde más droga se ha requisado, sobre todo polvos, pastillas, heroína y antidepresivos. 

"Se intenta poner coto a esto, pero los centros penitenciarios requieren, para el objetivo de la reinserción, que exista contacto con el exterior. Es muy complejo cerrar todos los cauces de posible entrada de objetos prohibidos", sentencia Nahum Álvarez. 

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