Detenido el presidente de la diputación de Almería por contratos irregulares

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido al presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano Garcia (PP), al vicepresidente, Fernando Giménez (PP), y al alcalde de la localidad almeriense de Fines (PP), Rodrigo Sánchez, que estaban siendo investigados por el caso mascarillas, informan fuentes próximas a la investigación.

El caso lo investiga el Juzgado número 1 de Almería y durante la mañana se desarrollarán distintos registros en diferentes domicilios. Los detenidos se encontraban investigados judicialmente dentro del conocido como caso mascarillas, que indaga presuntas comisiones ilegales en contratos de suministro de material sanitario adjudicados por la Diputación durante la pandemia.

A las 11.40 horas de la mañana de este martes 18 de noviembre, desde el organismo de la Diputación Provincial de Almería se niega que estén detenidos, aunque desde la UCO se insiste en que sí lo están los tres políticos. 

REGISTROS EN EL PALACIO PROVINCIAL

Los agentes han accedido al Palacio Provincial a primera hora de este martes, sobre las 8,00 horas, para realizar un registro exhaustivo en despachos de Presidencia y ordenadores conforme al auto judicial emitido por la instructora, María Belén López, toda vez que ha solicitado expedientes relacionados con las contrataciones. Además se prevén registros en domicilios particulares a lo largo del día.

La trama busca esclarecer el posible cobro de comisiones ilegales mediante la adjudicación de un contrato de material sanitario por valor de 2.036.186,24 euros mediante un procedimiento de urgencia realizado en abril de 2020, ya que el coste del mismo hecho efectivo al proveedor no alcanzó el millón de euros y se observan indicios de posibles 'mordidas'.

En el marco de la investigación judicial, el PSOE solicitó el pasado mes de octubre a la juez instructora que llamase a declarar como testigo al presidente de la Diputación y también presidente del PP almeriense al considerar que había una "falta de concordancia" entre las declaraciones ofrecidas por testigos y por investigados, con base en las investigaciones policiales.

CASO ABIERTO EN JUNIO DE 2021

El caso, que hasta ahora mantiene a 14 personas y a siete empresas bajo investigación judicial, estalló en junio de 2021 cuando la UCO procedió a realizar un registro en las dependencias del Área de Fomento, principalmente. En ese momento, el exdiputado provincial Óscar Liria estaba al frente de esta área, de modo que fue arrestado y enviado durante varios meses a prisión preventiva.