Jurista dice que la norma que protege al lobo incumple principios básicos

Una jurista experta en derecho medioambiental ha alertado de que la normativa que extiende la protección del lobo ibérico y prohíbe su caza recreativa al norte del Duero incumple principios básicos, al no incluir una memoria económica con partidas para compensar los daños.

La letrada Pilar Martínez ha sostenido que la norma estatal por la que se incluye al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) incumple "principios básicos que la vician de nulidad", según un comunicado de prensa remitido por su despacho.

A su juicio, es necesario que la norma incluya una memoria económica con partidas presupuestarias para compensar o indemnizar a los afectados por su entrada en vigor.

La abogada ha recordado que el cambio de estatus del lobo ibérico puede perjudicar la actividad agrícola y ganadera de provincias como Zamora, que cuenta con una de las mayores poblaciones de la especie en la Sierra de la Culebra.

La letrada, con más de treinta años de experiencia en derecho medioambiental, ha sostenido que la orden aprobada el 20 de septiembre vulnera los principios de "proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, participación y audiencia en su elaboración".

A estos incumplimientos, Pilar Martínez ha añadido que no puede sostenerse, como señala la propia orden en su exposición de motivos, que no contenga ninguna carga administrativa y no supondrá el incremento de los recursos humanos y económicos disponibles por la Administración General del Estado.

Ha recordado que otras normativas también se han declarado posteriormente nulas cuando se ha constatado que son desproporcionadas y ha añadido que faltan estudios científicos y técnicos rigurosos que avalen la necesidad y eficacia de la propuesta.

Además, ha considerado que existe en la norma de protección del lobo una ausencia de justificación de verdaderos procesos de participación de los intereses afectados en la elaboración, como exige el derecho medioambiental.

También ha echado en falta mapas "rigurosos" sobre presencia de la especie a proteger y "muy especialmente la falta de memoria económica".

La memoria económica, ha indicado, permite contar con partidas para hacer frente, compensar o indemnizar a quienes con la nueva normativa se ven privados y limitados en sus derechos legítimos previamente consolidados "en un espectro mucho más amplio que los daños provocados por los animales, que tienen obligación de compensar".

Asimismo ha afirmado que la norma estatal que prohíbe la caza recreativa del lobo altera las competencias atribuidas a las comunidades autónomas y, frente a ella, ha defendido una gestión que busque el equilibrio entre la presencia tradicional de este animal en España y la actividad agroganadera.