Galicia presenta alegaciones al plan para la costa por invadir competencias

La Xunta de Galicia ha remitido al Gobierno central sus alegaciones al Plan Estratégico para la Protección de la Costa que considera que invade competencias autonómicas, contradice la propia ley de costas y, además, es "uniformizador" y no atiende a las peculiaridades de cada territorio.

Estas son las principales líneas argumentales explicadas por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para rechazar el documento planteado por el Gobierno, que tiene como objetivo liberar de ocupación la franja del dominio público marítimo-terrestre antes de 2045.

Según Rueda, esto pone en peligro en Galicia 4.000 edificaciones en el litoral, entre las que se encuentran centros de salud, colegios, y más de 200 empresas.

Las alegaciones al plan están conectadas con la reclamación que el Gobierno autonómico hace al central de las competencias de gestión del dominio público marítimo-terrestre, una transferencia que Rueda ha vuelto a defender con el argumento del dictamen elaborado por el Consejo Económico y Social (CES) de Galicia, que "reafirma" las tesis de la asesoría jurídica de la Xunta.

El CES asegura que no es necesario modificar el Estatuto de Autonomía para que Galicia pueda asumir esta transferencia, al contrario de lo que considera el Gobierno, porque ya tiene competencias en este ámbito y solo sería necesario un decreto para poder realizar el traspaso de la gestión del litoral a la comunidad.

El informe asegura que el Estado "está ejerciendo transitoriamente funciones que no le corresponden" y que "se debe evitar, por lealtad constitucional, esta situación anómala", ha explicado Rueda.

En base a este dictamen la Xunta reivindica sus competencias y autoriza a las consejerías de Medio Ambiente y de Mar a presentar alegaciones al plan estatal que cree que carece de "fundamento legal".

En las alegaciones que se presentarán, antes de que mañana termine el plazo, se hace hincapié en que el plan supone un nuevo intento del Estado por "ampliar sus competencias en detrimento de las que poseen las comunidades autónomas, con el pretexto de la lucha sobre el cambio climático".