Acusan a la Generalitat de "improvisación" al cerrar el vertedero de Solius

Los alcaldes de los tres municipios afectados por el cierre del vertedero de Solius por orden judicial, los de Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro y Calonge, han acusado a la Generalitat de "improvisación" y han reclamado una entrevista con la consellera catalana Teresa Jordà.

Los tres, como representantes de las tres localidades principales implicadas, han denunciado que la Agencia Catalana de Residuos (ACR) les planteó con la clausura un incremento en el precio de recogida de basuras de dieciocho euros por tonelada, pero que la cifra ha ascendido posteriormente a casi cien.

Maurici Jiménez, de Platja d'Aro, ha asegurado que los números iniciales, que se presentaron en una reunión con la quincena de municipios afectados en la sede del Consell Comarcal del Baix Empordà, suponían un gasto adicional de entre 130.000 y 180.000 euros en su caso y en los de Sant Feliu de Guíxols y Calonge.

En cambio, la cifra actual oscilaría entre los 800.000 y los 900.000 euros, después de que se les haya planteado ese incremento en reuniones "informales" que han tenido desde entonces con la ACR, por lo que han decidido ofrecer este lunes una conferencia informativa y solicitar la entrevista con la responsable de Acción Climática de la Generalitat.

Maurici Jiménez ha explicado que los tres comparten una "inquietud" por el "agravio" a sus vecinos por este aumento de tasas por un servicio que no ha variado.

Carles Motas, de Sant Feliu de Guíxols, ha sostenido que "desde el principio" mantuvieron que la Generalitat se había precipitado, "cuando había margen para hacer una planificación ordenada del cierre del vertedero".

En esa misma línea se ha pronunciado Jordi Soler, de Calonge, quien ha señalado que "quedaba recorrido judicial que hubiese permitido como mínimo planificar durante este año".