Los grupos logran un amplio acuerdo en torno a la Ley de la Ciencia

Los grupos parlamentarios han logrado un amplio acuerdo en torno a la Ley de la Ciencia, con el objetivo de incluir numerosas medidas que pueden contribuir a mejorar la carrera investigadora, a retener y atraer el talento y a mejorar la transferencia del conocimiento científico para que redunde en beneficio de la sociedad.

Lo han conseguido los grupos durante la "ponencia" que se constituyó en el seno de la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso para estudiar el texto que envió a la cámara el Gobierno y que propone una profunda revisión de la Ley de Ciencia actual, de 2011.

Sobre la mesa, los diputados que han trabajado en esa ponencia se encontraron las cerca de 400 enmiendas parciales que los grupos habían presentado al texto del Gobierno, muchas de las cuales se han incorporado ya a esta iniciativa legislativa, y aunque no cambian el contenido esencial de la ley sí introducen algunos cambios importantes.

La Comisión de Ciencia de la cámara baja votará hoy miércoles el informe de la ponencia, que previsiblemente no va a contar con ningún voto en contra, aunque los grupos parlamentarios defenderán todavía algunas enmiendas parciales que fueron rechazadas pero que han optado por mantener "vivas", y la tramitación de la reforma se completará con el debate y la votación en el pleno del Congreso.

Con la modificación de la Ley de la Ciencia, y después de que la crisis causada por la pandemia haya puesto en evidencia las principales carencias del sistema español, el Gobierno pretende situar la ciencia y la innovación como uno de los ejes principales para la recuperación económica y social.

La ley pretende además que el conocimiento científico oriente las medidas que se deben implementar para afrontar algunos de los grandes desafíos, como el cambio climático, la transición ecológica y energética, la digitalización o el reto demográfico.

Las modificaciones que planteó el Gobierno ponen el acento en las carencias relativas a la carrera y el desarrollo profesional del personal investigador, en la necesidad de mejorar la transferencia de conocimiento y los resultados de la actividad investigadora, en reducir la carga burocrática de la investigación y en reforzar la colaboración entre el sector público y el privado.

Para lograr esos objetivos, el Departamento que dirige Diana Morant ha planteado una nueva modalidad de contrato indefinido para personal de investigación, técnico y de gestión, y el compromiso de una financiación pública creciente de la I+D+i hasta converger con Europa, para lo que se fija como objetivo una inversión pública del 1,25 por ciento del PIB en el año 2030 (ahora está en el 0,58 %).

Entre los cambios que se han introducido al texto en la fase parlamentaria de "ponencia" destacan que esa transferencia de conocimiento se produzca "en los dos sentidos", para que la ciencia enriquezca el tejido productivo y empresarial, pero también para que genere beneficios y ventajas en el ámbito público.

Los grupos han incorporado una enmienda para que se hagan esfuerzos específicos para que el acceso a la cultura científica y tecnológica incluya a las personas que residen en zonas despobladas, y para que la ciencia y la innovación se utilicen para corregir la despoblación y los desequilibrios territoriales.

Para reforzar el papel innovador de las administraciones públicas, los grupos han incluido en el texto una enmienda para que se incentive la compra pública de innovación y se promuevan "acuerdos marco" que impliquen la introducción de tecnologías disruptivas en la administración.

La reforma que propuso el Gobierno incluyó la creación de una Agencia Espacial Española, y ahora los grupos han incluido varias enmiendas en relación a este nuevo organismo, y entre ellas varias para que la elección de su sede atienda criterios de vertebración territorial y sirva para combatir el desempleo y luchar contra la despoblación.