Se estima que más de un millón de multas continúan sin resolverse ante el colapso de las administraciones. En realidad y desde marzo de 2020 solo se han tramitado el 1 por ciento de las sanciones ligadas a incumplimientos de las distintas restricciones para hacer frente al coronavirus.

En concreto, en los 98 días que duró el primer estado de alarma, los agentes impusieron 1.142.127 multas en todo el territorio español, siendo la mascarilla la principal causa de las sanciones según datos del Ministerio del Interior. La cifra se reduce si atendemos al segundo estado de alarma. Se estima que esta cifra supere las 200.000 sanciones hasta la fecha.

De esta cifra tan elevada de multas, solo una mínima parte de las sanciones habrían sido tramitadas. Lo supimos gracias a una respuesta parlamentaria publicada el pasado octubre. En los siete primeros meses de pandemia solo se habían expedido algo más de siete mil infracciones con resolución sancionadora. Es decir, únicamente el 0'64% de multas impuestas habrían finalizado su procedimiento.

En lo que respecta al segundo estado de alarma, aunque no hay cifras oficiales, se estima que la tendencia de tramitación y cobro de estas multas continúe por la misma tendencia. Y es que la realidad es que muy pocas llegan a los infractores.

''Las que llegan son una mínima parte. La mayoría de gente que conozco, a nadie nos ha llegado. Desconozco el motivo'', cuenta María. Ella es uno de los muchos ejemplos de esta situación. Fue multada en varias ocasiones durante el primer estado de alarma. A día de hoy ninguna de sus multas han sido tramitadas.

Para hacernos una idea, el proceso de tramitación y cobro dependía en un principio de las Delegaciones y Subdelegaciones del ejecutivo. Sin embargo, con el paso de los meses esta función ha pasado a pertenecer a las administraciones de cada una de las comunidades autónomas.

Ante esta realidad debemos preguntarnos, ¿qué pasa con estas multas si no se tramitan en un determinado tiempo?, ¿pueden llegar a caducar?

''Desde que se produce la infracción tiene un plazo máximo de seis meses para comunicar la administración. El procedimiento sancionador tendría este plazo, si la notificación de la denuncia no llega pasado los seis meses, el expediente sancionador ha caducado'', nos cuenta Raúl Ochoa, jurista en el Colegio de Abogados de Madrid.

Una de las principales causas por la que estas multas no se están cobrando es el colapso de la administración, ya que debido al confinamiento del año pasado se suspendió temporalmente el plazo de prescripción de todas las multas. Por ello, algunas de las comunidades han dado un paso adelante. Por ejemplo Madrid, que no ha cobrado ninguna de las sanciones impuestas en el estado de alarma actual. Por ello, desde la Consejería de Sanidad madrileña se ha externalizado la tramitación y multa de estas sanciones, ya que se estima que al menos más de 50.000 sanciones continúan sin tramitarse.