La vacuna no es obligatoria, no se puede obligar a nadie, se necesita la autorización del paciente, como para cualquier intervención, tal como establece la Ley de Autonomía del Paciente de 2002. Es la regla general para personas en plenas facultades, pero hay otra regla excepcional que puede obligar a que una persona se vacune si hay riesgo para la salud pública, pero necesita la autorización de un juez de lo Contencioso-administrativo, señalan a COPE fuentes jurídicas. Lo establece la Ley Orgánica de Salud Pública de 1986. Y en el estado de alarma en el que vivimos, en el caso de que alguien se niegue a vacunarse, a esa persona le pueden imponer limitaciones, limitaciones que pueden afectar a sus movimientos, señalan las fuentes consultadas. Movimientos como impedir viajar en determinados medios de transporte, no acudir a determinados lugares públicos o impedirle entrar en su lugar de trabajo.

En el caso de una persona incapacitada la decisión está en manos del tutor, sea o no familiares. Y si el tutor se niega se puede acudir a la Justicia, bien sea por peligro para la salud pública o por peligro para la salud del paciente incapacitado. El caso de los ancianos es similar al de los menores, a quienes protege la Fiscalía. Las fuentes jurídicas consultadas nos recuerdan casos, como los relativos a los padres que se niegan a operar a su hijo o a que le hagan transfusiones de sangre por creencias religiosas, o el caso de huelgas de hambre de algunos presos hace mucho tiempo.

Nuestras fuentes se quejan de la falta de legislación durante todo este tiempo, durante la pandemia que sufrimos, por las distintas decisiones del Ministerio de Sanidad, con las competencias transferidas, y de las Comunidades Autónomas. “La sanidad no sólo es la pandemia”, señalan. Y añaden que se necesita unidad de criterio y no que tengamos diecisiete decisiones distintas.