Los padres de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA), la principal organización de la escuela pública, son hasta la fecha el principal apoyo a la Ley Celáa para la que piden el mayor apoyo parlamentario posible.

Lo hacen al día siguiente de haber tenido el privilegio de ser recibidos en el ministerio de Educación por la propia ministra Isabel Celáa y por el secretario de Estado, Alejandro Tiana con el primer borrador del anteproyecto de la reforma educativa recién salido del horno que ven con muy buenos ojos por eliminar, aseguran, los aspectos más lesivos de la LOMCE.

Subrayan desde CEAPA que la ley Wert fue impuesta con el desacuerdo de toda la comunidad educativa pero en el caso de la Ley Celáa que no ha sido tampoco, de momento, consensuada se limitan a decir, en un comunicado, que “se han de crear espacios de negociación y debate donde la comunidad educativa, al completo, pueda participar para llegar a consensuar una nueva ley educativa que cuente con el respaldo de la sociedad”.

El nuevo proyecto educativo del Gobierno no ha sido debatido por el momento con los padres de CONCAPA, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos, ni en general, con la parte de la comunidad educativa que no comparte los postulados educativos del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Para José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas, titulares de centros concertados, el Gobierno se equivoca con las prisas por sacar adelante la reforma sin diálogo y con ese horizonte fijado en diciembre para llevarlo al Consejo de Ministros.

Según Alvira cuando se actúa, como en este caso, “por urgencia política más que por urgencia educativa es difícil aprobar una ley que tenga continuidad”. Hacerlo y alcanzar un pacto pasa, a su juicio, por “un poco de calma ahora que los aspectos más polémicos de la LOMCE ya habían sido suspendidos”.

Crítica a las formas y también al fondo del anteproyecto, por la supresión del criterio de demanda social para la concertada; por no garantizar la autonomía pedagógica y organizativa de los centros; por la contradicción que supone que no figure la asignatura de religión de forma explícita en el anteproyecto y por decir que al tiempo se cumplir los acuerdos Iglesia-Estado y por la vuelta de los comisarios políticos a los consejos escolares de la concertada.

Aún confían en que se puedan alcanzar acuerdos pero Alvira insiste en que “las cosas se están haciendo mal” y no descartan llegado el caso “recurrir a otras medidas" para denunciar un proyecto que califican de decepcionante.