El Congreso ha aprobado este jueves el proyecto de ley que mejora las pensiones de orfandad de los hijos huérfanos de víctimas de violencia machista: Lo recibirán directamente sin intervención de ninguna asociación. Después de pasar por el Senado donde se han incorporado varias enmiendas, el texto cuenta con la unanimidad de los grupos. Aunque con el cambio de gobierno se quedarán sin ayudas huérfanos de otra violencia intrafamiliar.  

Estas pensiones permitirán que al margen de que las madres hayan cotizado lo suficiente o no a la seguridad social para tener derecho a ellas, pasarán a recibir de 140 euros a 600 para los hijos de las victimas que no hubieran cotizado o no cumplieran los requisitos mínimos. Para los huérfanos que no perciben esta prestación se les aumenta del 52 al 70% el cálculo de la base reguladora de las madres, y al 118% en el caso de que hubiera más de un beneficiario. Asegurándose un mínimo de 600 euros al mes. Además tendrá carácter retroactivo desde 2004 cuando se aprobó la Ley Integral de Violencia de Género.

Tendrán derecho a esta pensión los hijos que cuando sucediese el asesinato de su madre fueran menores de 21 años o estén incapacitados para el trabajo. Se podrá mantener hasta los 25 años cuando estén estudiando y no tengan recursos. El gobierno no especifica cuando se publicará en el BOE para hacer efectivo, y tampoco detalla el reglamento y su desarrollo para poder solicitar la ayuda. Eso sí, conocemos que será la propia víctima quien deberá solicitar las ayudas.

Es el caso de los hijos de Ana Gómez, tenían 15 y 17 años cuando su marido la asesinó con un disparo de escopeta en Berreá, en Lugo. Ese mismo día acudió a pedir ayuda a la Casa de la Mujer de Lugo siguiendo la recomendación de la trabajadora social local. Allí le aconsejaron que se marchara a casa para ir recogiendo sus cosas tranquilamente y coordinarse para salir de la mejora manera. Ya no salió. Esa misma tarde Jose Manuel Carballo la disparaba con su escopeta. Ahora está en la cárcel aunque tres años después todavía no se ha celebrado el juicio.

Los hijos se quedaron a cargo de la hermana de Ana, Martina que desde entonces no ha dejado de luchar por muchas cosas. Los dos chavales percibían una pensión de 200 euros y con la ayuda de asociaciones de mujeres y de la propia Martina han conseguido salir adelante estos años. Una ayuda insuficiente para ir “tirando como se podía”. Martina cuenta a COPE que “Estamos muy contentos, pero tristes a la vez. Era una cosa que se tenía que haber aprobado desde el 2004, y tristes porque los huérfanos han estado durante catorce años desamparados. El estado se debería haber hecho cargo de ello y no ir repartiendo ayudas a asociaciones que no siempre llegaban a las víctimas”.

“Las alternativas que se daban era meter a los niños en los centros de acogida, y sin embargo las familias no estábamos reconocidas para ayudarles”, explica Martina. Sus sobrinos, ahora mayores de edad, han decidido independizarse, irse a vivir solos así que esta ayuda de al menos 600 euros será fundamental para que puedan seguir estudiando. La Asociación de Juristas Themis, aseguran que es una buena noticia. Esperan que “el procedimiento para solicitar las ayudas sea lo más fácil para las mujeres” explica su vicepresidenta Altamira Gonzalo, quien cree que “se debería gestionar a través de los Servicios sociales locales, como mecanismo más sencillo para las víctimas”.

Fuentes del PP consultadas por COPE, lamentan que en esta ley se queden fuera otros huérfanos como son los de violencia doméstica o accidente de tráfico. El gobierno se había comprometido a analizar el resto de casos de orfandad absoluta para que recibieran las mismas prestaciones pero con el escenario político se quedarán fuera “perdiendo una gran oportunidad, y dejando huérfanos de primera y de tercera”.

Es una buena noticia para las víctimas de violencia contra la mujer donde quedan todavía muchas grietas abiertas. Martina recuerda que “no hay que olvidar a las mujeres que quedan muertas en vida tras el asesinato de sus hijos a manos de sus parejas, quedan olvidadas por el Estado”. Además del calvario que supone que los juicios se dilaten en el tiempo porque a pesar de que el asesino de Ana Gómez está en la cárcel tres años después no ha habido juicio, ni paz emocional para esta familia.