12 años lleva aprobada la última ley del aborto en España y otros 12 recurrida ante el Tribunal Constitucional sin que haya habido resolución alguna a pesar de la promesa de sus representantes de que el asunto sería prioritario tanto en su tramitación como en su resolución. 2.200 sentencias han tenido lugar desde entonces ninguna sobre la ley aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y actualmente en vigor en nuestro país.

Nueve fueron en total los artículos de la ley de plazos recurridos por el Partido Popular por su posible inconstitucionalidad. Y en este tiempo ha habido diferentes intentos de resolución sin éxito hasta el momento. La pelota está ahora en la ponencia que encabeza el magistrado Enrique Arnaldo que podría caer en saco roto si como está previsto se produce una renovación en el Tribunal Constitucional y de una mayoría conservadora se pasa a una mayoría progresista.

Independientemente de la composición del Constitucional, la falta de consenso tanto jurídico, como ético y social ha demorado sine díe la decisión y es la prueba de que el debate sigue sin resolverse pero ese mismo hecho según explica a COPE José Ramón Amor Pan, coordinador del Observatorio de Bioética y Ciencia de la Fundación Pablo VI, “pone en cuestión su integridad ética porque los temas deben resolverse por entrada en el registro y por importancia y en este caso se dirime algo tan esencial como la protección del no nacido y el derecho a la vida que la Constitución debe garantizar”.

“No quiere tomar partido lo cual es vergonzoso porque el Tribunal Constitucional está precisamente para garantizar que el ordenamiento jurídico se adecúa a la Constitución y que el TC debería proteger esos valores constitucionales y es lo que no está haciendo” subaraya Amor Pan para quien “el actual presidente del Constitucional José González Trevijano quiere que haya sentencia este año porque así lo ha dicho en varias ocasiones ¿la habrá? Bueno, pues eso no lo sabe nadie”.

En todo caso y según nos cuenta no espera la mejor sentencia del mundo sino más bien “una componenda para sacarse el tema de encima y poder esgrimir que finalmente se ha producido la decisión después de años de batalla jurídica y ética con este tema”.

Para Alicia Latorre al frente de la Federación Española de Asociaciones Provida la tardanza ha fomentado el avance de la cultura de la muerte. Según ha explicado en Mediodía COPE “este silencio, este mirar para otro lado, este miedo ha contribuido a algo muy grave que es el haber blanqueado el aborto que se haya normalizado y un trato de favor para el negocio abortista y su entorno” sin contar con la pérdida de vidas en estos 12 años.

Una demora, la del Tribunal Constitucional, que también ha sido recurrida ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que aún no se ha pronunciado. Fue por iniciativa del Partido Popular que tuvo en su mano durante la legislatura con mayoría absoluta de Mariano Rajoy la derogación de la Ley Aído y la puesta en marcha de una nueva legislación.

Tras el fallido intento de Alberto Ruiz Gallardón a quien le costó el puesto, el Ejecutivo popular terminó reformando un único punto de los 9 que recurrió en su momento para hacer obligatorio el consentimiento paterno para que las menores de edad puedan abortar. Un cambio que ahora, de nuevo, quiere eliminar el Ejecutivo de Pedro Sánchez para volver a la situación de 2010.

Para el ex senador Luis Peral que fue también quien preparó el recurso que sigue a día de hoy sin resolverse “lamentablemente el Constitucional entiende que se requiere un consenso y una unanimidad,pero realmente no les pagamos para eso sino para que como en Estados Unidos se pronuncien sobre si la ley es o no conforme a la Carta Magna haya acuerdo o no lo haya”.

A su juicio “el recurso está muy bien preparado y fundamentado lo que posibilita el que puedan rechazarse hasta 9 artículos de la ley de 2010”.

Un precedente esperanzador

Al igual que Latorre considera un buen precedente si lo acaba confirmando el Supremo de Estados Unidos el borrador filtrado la madrugada del martes 3 de mayo porque este país que marco el camino a la legalización en todo el mundo está ahora en un proceso contrario, revirtiendo la doctrina que sirvió de base y estableciendo restricciones que reflejan también que la mentalidad está cambiando y que no es razonable proponer como solución algo tan irreparable como el aborto.

“Es un duro golpe a toda la estructura y el negocio montado en torno al aborto y a la ideología supremacista que impone la censura y que llega incluso a criminalizar a quienes defienden al no nacido además de a sus madres” subraya Latorre.

"Es un caso único y si se confirma no va a ser la prohibición del aborto en Estados Unidos sino dejarlo de considerar un derecho constitucional y dejar que cada estado de la Unión decida como quiere tratarlo en su legislación de forma que pueden establecer desde que sea un derecho en los estados más progresistas, otros pueden optar por la despenalización y otros por establecer más restricciones" explica a COPE el abogado y constitucionalista Daniel Berzosa.

¿Qué puede decidir el Constitucional en España?

Para Berzosa, los principales escenarios para el Constitucional en España son éstos: “puede aceptar el recurso y declarar inconstitucional los 9 artículos recurridos, puede dejarlos como están o puede rechazar uno, aceptar otro y otro interpretarlo que viene a ser dicho de forma sencilla establecer que es constitucional si se entiende de una determinada manera o en otras palabras marcar como debe de ser el precepto para salvarlo”.

“El conflicto es en efecto muy intenso” según subraya porque “está ni más ni menos en la base del soporte de todo derecho que es el derecho a la vida y sobre todo de considerar a partir de qué momento es digna de protección una vida humana y porque no es lo mismo una despenalización por motivos tasados que una completa liberalización si bien sea dentro de unos plazos” como se estableció en España con la Ley del Aborto de 2010 que permite el aborto libre durante las 14 primeras semanas y en determinadas situaciones hasta la semana 22 de gestación.

La anterior de 1985 se basaba en supuestos y también fue recurrida al alto tribunal que la consideró constitucional.