El Tribunal de Justicia de la UE y el Supremo han venido advirtiendo a España en los últimos años de que estaba abusando de la temporalidad en miles de puestos de la administración. Con el objetivo de atajarla el Ejecutivo de Pedro Sánchez -partiendo de un decreto que aprobó el pasado mes de julio- en este mes de noviembre ha alcanzado un acuerdo con ERC y el PNV para intentar ir reduciendo esa eventualidad.

Poco se sabe de esta norma que aún se está tramitando en el Congreso de los Diputados -este lunes ha pasado el filtro de la Comisión de Hacienda y de la Función Pública y su siguiente fase es la de ir a Pleno- pero la intención sería la de obligar a las administraciones central, autonómica y local a que convocaran una especie de oposiciones ad hoc donde aunque cualquier opositor se pudiera presentar a la plaza, en la práctica el concurso de méritos pesaría tanto que solo serviría para aquellos interinos o eventuales que llevaran al menos cinco años en un puesto. Ese concurso de méritos se haría amparado en el artículo 61.6 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

¿Cuántos interinos hay en España? Pues es difícil dar una cifra exacta y sobre todo a cuantas personas afectaría esta norma. Solo de la Administración General del Estado se calcula que son unas 300 mil personas pero pueden ser otras tantas de los dos sectores en el que más personas hay en esta situación: Enseñanza y Sanidad. En cualquier caso, el objetivo del Gobierno y sus socios es que la ley entre en vigor el último día de este 2021.

LOS CASOS DE ANTONIO, EVA e ITZIAR

Antonio tiene 47 años y está opositando al cuerpo general de la Administración de Justicia. Su formación es la de Ingeniero Técnico de Minas pero desde poco antes del estallido de la pandemia, al no encontrar trabajo, decidió ponerse a estudiar. Para él esta futura norma 'supone una exclusión a los funcionarios de carrera y hacia los opositores que no somos funcionarios interinos'. Él cree que no hay voluntad real de atajar el grave problema de temporalidad que arrastran miles de personas en España. Para ello pone el foco en que ese Real Decreto apela a una directiva europea que aún no ha sido traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico'.

¿Cuál es para él la solución para contentar a todas las partes? Antonio cree que los interinos deben denunciar y buscar que sean resarcidos mediante una sentencia firme. Señala que no todas las administraciones pueden aplicar un concurso de méritos. Él mira también a su situación y apunta a que excluye 'a todas aquellas personas que han hecho un esfuerzo económico y humano preparando una oposición'. Antonio forma parte de la plataforma 'Defensa Turno Libre' que aglutina a unos 3.000 funcionarios de carrera y opositores y que este sábado se manifestarán frente al Congreso de los Diputados. Esta plataforma cree que se vulneran los artículos 9.2, 23.3, 86.1 y 103 de la Constitución donde se recogen los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público.

Eva es interina pero aún no sabe si esta norma le afectará. Ella ejerce de profesora en un instituto de Secundaria y Bachillerato de Madrid. La enseñanza es uno de los sectores con mayor grueso de temporalidad. Lo que sí sabe Eva es que cumple con lo de llevar cinco años en un mismo puesto pero ojo, no de forma ininterrumpida. Ahí está su pega. 'Yo llevo desde 2015 y siempre he tenido vacante. Siempre he tenido un puesto que dura todo el año y que no ocupa ningún funcionario. Nunca ha sido una sustitución. Me contratan el 1 de septiembre y me despiden el 31 de agosto. Y así sucesivamente. No ocupo un puesto de forma ininterrumpida porque estoy todo el tiempo encadenando contratos temporales de un año de duración, algo que afecta a todos los interinos que trabajan en la enseñanza aunque repitan año tras año en el mismo puesto. Desde el principio tengo claro que a los profesores no nos consideran funcionarios interinos de larga temporalidad'.

¿En qué le perjudica su eventualidad? En que, por ejemplo, no cobra la paga extra de Navidad o si tienes un hijo disfrutas de menos tiempo de lactancia. ¿La solución? Apunta a un concurso oposición pero que se valore a la gente que al menos ha aprobado un examen. Lo que deja bien claro es que no cree 'que sea muy legal encadenar seis años de contratos temporales que finalizan un día y empiezan al siguiente'.

Itziar pertenece al otro colectivo más afectado por esta eventualidad, el de la Sanidad. Lleva 18 años trabajando en Urgencias. Los cinco primeros como eventual. Los últimos 12 de interina. Itziar nos cuenta a COPE que en los últimos 20 años no ha habido una oposición para urgencias. Solo en 2008 una convocatoria que finalmente no se hizo. Esta doctora asegura que en su servicio la eventualidad llega al 90% y que algo hay que hacer con lo que ella considera una ilegalidad. 'No tenemos acceso a la carrera profesional con lo cual perdemos dinero. El Gobierno debe poner mínimos a cada comunidad pero enseñanza y educación no podemos quedarnos mirando. El interino es un puesto para sustituir algo provisional y yo para nada lo soy. Soy estructural para mi servicio'.

EL DEBATE JURÍDICO

'No se saben muchas cosas, la norma no se ha aplicado, no se sabe si afecta o beneficia a determinados interinos o empleados indefinidos no fijos. Hasta ahora los principales afectados son los miles de opositores que llevan años preparándose para unas pruebas que no van a producirse'. Así de categórico se expresa a COPE el abogado Javier Reyes perteneciente al área laboral del despacho Ceca Magán. Para él hay que buscar una solución porque la justicia europea nos ha dicho que hay que combatir el abuso de la temporalidad 'pero debe hacerse de manera equilibrada y razonable'.

Cree que lo mejor es ese concurso-oposición en el que la experiencia se valore en un 40% 'porque facilita al personal interino el lograr su plaza pero no impide a cualquier ciudadano que libremente pueda tener posibilidades reales de obtenerla'. Ahora con la supresión de la fase de oposición y quedarse solo con las del concurso 'de facto las posibilidades de los opositores de acceder libremente a estas plazas'.

Este experto apunta a que además tiene visos de inconstitucionalidad. Aquí subraya 'que el TC en otras sentencias ha venido a decir que aquellas pruebas, que aquellos procesos selectivos que marginen, que obstaculicen las posibilidades de acceso a la plaza de un determinado colectivo o de los ciudadanos libremente son oposiciones que deben calificarse como restrictivas, cerradas o específicas y que son contrarias a los principios de acceso a la función pública de méritos, capacidad o igualdad. Ya veremos si esto acaba siendo una solución o solo un parche. Podría perjudicar a interinos que ahora se alegran de esta medida y que en un año o dos la norma pueda ser declarada inconstitucional. Y por ejemplo el que lleva cuatro años y medio. ¿De dónde ha salido la referencia de los cinco años?'.