(Actualiza la NA4209 con más declaraciones de Iglesias)

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha reclamado el consenso para avanzar en esta etapa de reconstrucción hacia "un sistema de cuidados y atención a la dependencia público y de calidad", frente al de privatizaciones que han colocado a los mayores "en una situación de enorme vulnerabilidad".

Durante su comparecencia ante la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, Iglesias ha apostado por la necesidad de emprender "medidas de fondo" ante la evidencia de que "las medidas extraordinarias de apoyo a las comunidades autónomas para que tuvieran más instrumentos para proteger las residencias en esta crisis, no abordan las carencias estructurales que han quedado al descubierto en toda su magnitud a raíz de la pandemia".

"Hoy es un consenso transversal que las privatizaciones, la precariedad en la que trabajan quienes cuidan y los recortes de más de 5.000 millones de euros en el Sistema de Atención a la Dependencia acumulados desde 2012, han colocado a nuestros mayores en una situación de enorme vulnerabilidad".

Para Iglesias, la reconstrucción social y económica debe incorporar "ese consenso y avanzar en la dirección de reconstruir un sistema de cuidados y atención a la dependencia público, de calidad y con profesionales que trabajen en condiciones dignas".

Durante su intervención, el vicepresidente ha reprochado a la diputada popular Alicia García y a la de VOX María de los Reyes Romero que le siguieran exigiendo responsabilidades por las muertes de mayores en residencias, cuando el ejecutivo madrileño de la presidenta Isabel Díaz Ayuso dio la orden de no hospitalizar a pacientes de residencias.

Iglesias ha señalado un documento "que demuestra que había órdenes del Gobierno de Madrid de rechazar el traslado de ancianos a los centros sanitarios cuando se produjo el pico de la pandemia".

¿De quién es la responsabilidad?, ha preguntado Iglesias, quien ha lamentado la poca "vergüenza" de las parlamentarias por mantener la responsabilidad del Gobierno respecto a los centros residenciales.

Ha insistido en que la competencia es de las comunidades autónomas y en que el Gobierno reforzó esas competencias durante el estado de alarma, por lo que esas regiones podrían haber actuado para inspeccionar e intervenir las residencias.

El vicepresidente también se ha referido a unas declaraciones del consejero madrileño de Políticas Sociales, Alberto Reyero, que lamentó públicamente que la presidenta le había quitado la competencia de las residencias "y calificó de inmoral e ilegal la orden de Ayuso de no trasladar a ancianos a hospitales, lamentando que las órdenes se distribuyeran en contra de su consejería".

"El consejero de Ayuso se mostró a favor de crear una comisión que analizara la mortalidad durante la pandemia", ha añadido.

Para Iglesias esas decisiones del gobierno popular madrileño son "un escándalo" y prohibir el traslado de ancianos a los centros hospitalarios "ha costado muchas vidas". EFE