Una catalana se muda a Estados Unidos y alucina con lo que ocurre allí cuando okupan una casa: esta es la gran diferencia con España

Mariona relata en TikTok las principales desigualdades entre el país americano y el español, donde este 2025 ha entrado en vigor la nueva ley sobre okupación

Casa okupada fuera de España

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Casa okupada fuera de España

Paco Delgado

Madrid - Publicado el

3 min lectura

Mientras España registra alrededor de 14.000 casos anuales de okupación ilegal, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en Estados Unidos no existen cifras oficiales comparables, ya que el fenómeno es marginal y se resuelve con rapidez. La diferencia radica en los marcos legales y culturales: en España, los desalojos pueden prolongarse hasta 35 meses en comunidades como Castilla y León, mientras que en EE.UU., como explica la tiktoker catalana Mariona Falomí, la intervención policial es casi inmediata.

 La visión de una española en Atlanta sobre los okupas  

Mariona Falomí, una joven catalana que trabaja como au pair en Atlanta, se ha convertido en una voz viral al comparar ambos países en su perfil de TikTok (@marionsfalomi). Con más de 40.000 visualizaciones, su último vídeo destaca aspectos cotidianos que, según ella, hacen la vida en EE.UU. "muchísimo mejor". Entre ellos, sorprende su afirmación: "Aquí no tienen okupas. Si ocupas una casa, en menos de diez minutos estás fuera".

Okupas en Granada junto a un policía

EFE

Okupas en Granada junto a un policía

La diferencia, explica, no es casual. Mientras en España la ocupación ilegal se ha convertido en un problema estructural, con casos que llegan a los tribunales, como los de Martorell y Lleida, donde ayuntamientos niegan el empadronamiento a ocupas pese a la ley, en EE.UU. la propiedad privada goza de una protección casi sagrada. "La policía actúa sin orden judicial si hay pruebas de ocupación ilegal", añade Mariona, refiriéndose a leyes como las de Florida o California, donde los propietarios pueden recuperar sus viviendas en 48 horas.

 Claves legales: juicios exprés vs. burocracia  

El contraste entre ambos sistemas es abismal. En España, la nueva ley antiokupas de 2025 promete agilizar los desalojos, con plazos teóricos de 15 días para casos de allanamiento, pero mantiene excepciones para menores o personas vulnerables que pueden alargar el proceso. Además, la saturación de los juzgados —que operan al 130% de su capacidad— sigue siendo un obstáculo.

En cambio, en EE.UU., la mayoría de estados permiten desalojos sin juicio previo si la ocupación es flagrante.  Mariona ejemplifica con Atlanta: "Si llamas a la policía, comprueban en segundos si tienes un contrato o escrituras. Si no, te sacan". Esta eficacia se basa en un sistema que prioriza la posesión física sobre trámites burocráticos, algo impensable en España, donde el empadronamiento de ocupas es un derecho reconocido —aunque polémico— para acceder a servicios básicos.

 Cultura y mercado inmobiliario: dos realidades opuestas  

Otro factor clave es el mercado de la vivienda. En España, fondos estadounidenses como Blackstone poseen 22.000 propiedades, muchas adquiridas tras la crisis de 2008, lo que ha exacerbado la escasez de vivienda asequible. Esto, sumado a alquileres desbordados, +9.7% en 2025, alimenta la ocupación por necesidad. "Allí, aunque los alquileres son caros, hay más oferta y flexibilidad laboral. Si pierdes tu casa, encuentras trabajo rápido y te mudas", comenta Mariona.

En EE.UU., además, el tamaño medio de las viviendas (130 m² frente a los 100 m² españoles) y la cultura de movilidad geográfica reducen la presión. "Nadie ocupa porque, si no puedes pagar, te vas a otro estado con costes más bajos", añade.

 ¿Una solución para España?  

En cualquier caso, Mariona no idealiza EE.UU., de hecho asegura que "tienen otros problemas, como los homeless", pero su testimonio refleja un debate urgente en España: la necesidad de equilibrar protección social y seguridad jurídica. Mientras asociaciones como la PAH defienden el empadronamiento como "metaderecho", la nueva ley antiokupas apuesta por sanciones de hasta 45.000 € para reincidentes.

La pregunta que queda en el aire es si España adoptará medidas más contundentes o seguirá navegando entre la burocracia judicial y la emergencia habitacional. Por ahora, como resume Mariona: "Allí la propiedad es intocable. Aquí, a veces parece que el delincuente tiene más derechos que el dueño".

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