Reducir el riesgo de incendios va más allá del clima

El monte rentable no arde. Así de tajantes se muestran desde el Instituto de la Ingeniería de España que junto con otros expertos piden un cambio de paradigma económico y social para reducir el riesgo de incendios en origen haciendo que el campo vuelva a ser atractivo y rentable. Consideran que estas catástrofes deben abordarse en toda su complejidad no únicamente en su vertiente climática.

Y es que hoy solo 1 de cada 10 personas viven en el campo en España, 3 veces menos que hace 60 años. El resultado es que en nuestro país solo utilizamos un tercio de la madera que producimos cada año. El resto es biomasa, posible combustible en futuros incendios.

Tras arder más de 400.000 hectáreas en España en 2025, este verano va camino de convertirse en el peor en 30 años en nuestro país. Somos el tercer país de Europa después de Suecia y Finlandia con mayor superficie boscosa y el noveno en utilización de sus recursos. Una masa forestal con un enorme potencial como fuente de energía térmica y mejor alternativa a los combustibles fósiles según subrayan desde la Asociación Española de Fabricantes de Estufas, Cocinas y Chimeneas (AEFECC).

La superficie forestal ocupa más de la mitad del territorio español, en total 18 millones de hectáreas y, de ellas, las dos terceras partes son arboladas (18,5 millones de hectáreas). El 28 por ciento de esa superficie es de propiedad pública y 72 por ciento restante está en manos privadas, en muchos casos, minifundios, fincas rústicas de reducida extensión que limitan aún más su posible rentabilidad. El resultado ha sido su progresivo abandono y un aumento del territorio susceptible de arder.

“Lo que tenemos es una mecha que va del Cantábrico al Mediterráneo y además la cuidamos. Si no tiene discontinuidad lo que va a acabar ocurriendo es que prende en una punta y acabará en la otra”, explica en COPE David Badía, catedrático de Edafología, la ciencia que estudia el suelo en relación con las plantas y su entorno.

Un enfoque integral que vaya más allá del clima

El reto como país es hacer que el campo vuelva a ser atractivo y también rentable y los expertos consultados por COPE reconocen que es más sencillo decirlo que llevarlo a la práctica. Afrontar emergencias como la vivida este verano requiere, aseguran, de un enfoque integral y más complejo que la propuesta que hace unos días retomó el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y que ya planteó hace 2 años después de otro verano trágico por los incendios.

“La perspectiva climática no puede ser la única ni mucho menos sino simplemente el recordatorio de que tenemos que tener el territorio en condiciones, pero luego tenemos también muchos temas socioeconómicos y de gestión. Se trata de preguntarnos qué país queremos, si queremos que haya más equidad territorial y tener el territorio cuidado ó seguir tratando de atajar nueva cada crisis o emergencia que irán a más por el cambio climático que exacerba las condiciones y nos muestra una y otra vez que no hemos hecho los deberes”, señala a COPE el ex decano del colegio de Ingenieros de Montes Eduardo Rojas.

Para Badía a todo ello hay que sumarle el consenso político: “está claro que hay que buscar algún tipo de acuerdo que vaya más allá de una legislatura, una cierta estabilidad para procesos que requieren de actuaciones a largo plazo y que nos dote de herramientas más eficaces para combatir las emergencias y las catástrofes”.

María Joao Forcaz, al frente de la Sociedad Española de Epidemiología, considera por su parte que el abordaje debe también incluir la salud en su sentido más amplio: “¿por dónde tendríamos que empezar? Hay que tener en cuenta los tres principios de justicia ambiental, de una sola salud y de salud y ambiente en todas las políticas, creo que deberíamos mirar a instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las experiencias exitosas de algunos países”.

La prevención como estrategia imprescindible ante los fuegos

Los incendios de sexta generación hacen cada vez más impensable un enfoque centrado únicamente en la extinción. Es preciso hacer un mayor y mejor esfuerzo en políticas preventivas: “estamos viendo que los incendios saltan autovías y embalses y eso es lo que nos hace ver que hace falta combinar las 2 estrategias, la extinción y la prevención en todas sus facetas. Hay que equilibrar los esfuerzos porque se destina mucho a extinción, pero esta claro que con eso no basta. Somos eficaces en la extinción excepto en situaciones como la de este año donde llega un momento en el que no podemos acudir a todos lados”.

Y en la misma dirección apunta Rojas: “no solo con aviones, ni con bomberos vamos a parar esto, tenemos que tener el territorio en condiciones. Y tendremos también más agua, más madera y más miel, además de combatir mejor el cambio climático con bosques activos que capturan más CO2”.

Prevenir es además bastante más barato que extinguir. Los expertos cifran en entre 20.000 a 30.000 euros el coste de extinguir una hectárea, entre 10 y 100 veces más de lo que cuesta prevenir ¿por qué no apuestan entonces por ello los políticos? Además del cortoplacismo habitual de los políticos por motivos electoralistas cuando los frutos de lo invertido no son inmediatos, los expertos apuntan a cómo funciona nuestra administración.

“Una cosa es el coste presupuestario y otra cosa es el coste administrativo, hacer 50 o 50.000 acciones en el territorio exige de un esfuerzo ímprobo y, en cambio, comprar un helicóptero no. Muchas cosas no se hacen desde lo público porque supone un esfuerzo de la maquinaria burocrática enorme con funcionarios que van a cobrar igual, que se van a quejar (…) Y en cambio, cuando compras helicópteros todos contentos (…)”, explica el ex decano del Colegio de Ingenieros de Montes.

En total España invierte algo menos de 1.300 millones de euros gestión forestal, un presupuesto que tanto el Estado como las comunidades autónomas han ido reduciendo un 25 por ciento desde la crisis de 2008, según datos de la Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo) que cifra en el 50 por ciento el recorte del gasto en políticas de prevención que ha pasado de 364 millones de euros en 2009 a 175 millones en 2022 mientras el gasto en extinción se ha mantenido estable en 417 millones de euros.

Tampoco hemos sabido capitalizar las ayudas de la Unión Europea de forma que España ha destinado tres veces menos fondos a prevención y a políticas de protección civil y emergencias que otros países de nuestro entorno y con condiciones geográficas similares como Portugal o Grecia, menos de 200 millones de euros en cada caso nuestro país, frente a más de 600 en el caso de los otros dos países europeos. Y los fondos tampoco llegan siempre a las regiones más necesitadas en el caso español.

Desde el Instituto de la Ingeniería de España piden una financiación estable y a largo plazo en gestión forestal con un aumento sustancial del presupuesto con respecto al gasto medio anual que sitúan en torno a los 1.000 millones de euros para afrontar la gestión de los bosques con garantías para la vida humana, los bienes patrimoniales y los ecosistemas forestales.

TODAS LAS SITUACIONES NOS LLEVAN A POTENCIAR LA BIOECONOMÍA

Se trata de incentivar el uso de la biomasa que “es un recurso que estamos perdiendo sin ton ni son” y fomentar la ganadería extensiva y la producción de pellets porque contribuyen a que nuestros bosques estén cuidados y controlados: “se trata de llevar a cabo actuaciones todo el año, apoyando a ganaderos, apicultores y otros profesionales a los que hoy no les salen las cuentas. Debemos hacer que les compense porque todos nos vamos a beneficiar de la limpieza del monte que con su labor van a hacer”, subraya Badía.

Y desde AEFECC cifran en hasta un 60 por ciento lo que podríamos reducir la superficie quemada de extraer biomasa ubicada en las zonas de alto riesgo de incendios. Y apuntan a otro dato, que tan solo el 35 por ciento de los hogares españoles se calientan con biomasa. En Austria son el 70 por ciento. Consideran que un aumento de sistemas de calefacción de este tipo supondría un ahorro de 500 millones de euros anuales y una disminución de nuestra dependencia energética además de avances medioambientales.

También desde el Instituto de Ingeniería de España apuesta decidida por la bioeconomía que pasa por una revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Piden, entre otras medidas, construir nuevas redes de calor con biomasa forestal para sustituir 500.000 equipos de calefacción obsoletos e incentivar a los consumidores de esta energía renovable con una reducción del IVA.

Cambio en las leyes que permitan rentabilizar y gestionar el monte

A juicio de Rojas, otra de las patatas calientes que debemos abordar es la de los minifundios o pequeñas propiedades en manos privadas: “tenemos mucho trecho que recorrer tanto en materia de accesibilidad como de uso de la agricultura y de la ganadería como cortafuegos. Y es algo que depende tanto de las comunidades autónomas como del Estado, aunque es también cierto que en las zonas privadas la administración no puede hacer todo. No se trata de expropiar pero sí de fomentar que esas propiedades se gestionen de forma conjunta para que puedan ser rentables”.

Para Rojas, para que todo esto sea posible las leyes también se tienen que flexibilizar: “hace falta disrupciones de vegetación y una de ellas son cortafuegos que se pueden hacer recuperando antiguas zonas agrícolas, pero para ello hay que poder cambiar su clasificación de forestal a agrícola. Y esto en muchos sitios no está resuelto. Tampoco el hacer caminos que muchas veces a para los propietarios resulta imposible y se acaban abandonando, son importantes como cortafuegos y también para que los bomberos puedan acceder y tener vías alternativas para retirarse en caso de que los fuegos se descontrolen”.

Por último, apuestan por aumentar las penas contra quienes incendian los montes. Y es que se calcula que menos del 20 por ciento de los incendios se dan por causas naturales. Desde el 1 de junio y hasta el pasado 23 de agosto, 43 personas han sido detenidas por su relación con los fuegos y otras 133 están siendo investigadas por la Guardia Civil y la Policía Nacional según datos del Ministerio del Interior.