La futura Ley de Referéndum de Autodeterminación, que este martes ha sido presentada por JxSí y CUP, prevé la posibilidad de declarar la independencia de Cataluña antes de 48 horas si ganase el "sí" en el eventual referéndum del 1 de octubre, mientras que si ganase el "no" el Govern convocaría autonómicas.

JxSí y la CUP establecen en la futura ley qué consecuencias tendría que gane el "sí" y el "no" en el referéndum, lo que ha sido explicado este mediodía en el acto de presentación de la nueva ley celebrado en el auditorio del Parlament, y no en el pleno de sesiones, puesto que no será tramitada ni votada hasta finales de agosto.

La base legal sobre la que se asienta la nueva ley se refleja en el artículo 2, al afirmar que el pueblo de Cataluña es un "sujeto político soberano" y, como tal, "ejerce el derecho a decidir libre y democráticamente su condición política".

La ley establece "un régimen jurídico excepcional" para celebrar el referéndum y se ampara en la legislación internacional, especialmente en sentencias del Tribunal Internacional de La Haya y de la Corte Suprema de Canadá que consideran aplicables en la consulta catalana.

El artículo 3 supone una advertencia ante la previsible suspensión de la ley por parte del Tribunal Constitucional (TC), y destaca que "prevalece jerárquicamente sobre todas aquellas normas que puedan entrar en conflicto".

También indica, ante posibles querellas u otras acciones judiciales, que la ley ampara "a todas aquellas autoridades, personas y empresas que participen directa o indirectamente" en la preparación y celebración del referéndum.

El texto prevé que el referéndum se celebre con las condiciones más parecidas posibles a las convocatorias electorales precedentes, pero con algunas excepciones, como por ejemplo la creación de la Sindicatura Electoral como sustitutiva de la Junta Electoral y un censo parecido pero no idéntico al utilizado habitualmente.

Con respecto a esto último, los grupos proponentes no han detallado sus características, pero sí que ya han indicado que para votar "no será necesaria la autorización" del votante para inscribirse y votar, como ocurrió en la consulta del 9N del 2014.

Sobre la futura Sindicatura Electoral, que sustituiría a la Junta Electoral como administración electoral, la ley especifica que estará integrada por 5 personas, la mayoría juristas, que serán designados por el Parlament a propuesta de los grupos.