A oscuras y silenciando a la oposición parlamentaria. El proceso soberanista dio ayer martes un paso más hacia la opacidad y la falta de respeto por los mínimos estándares democráticos con dos acciones simultáneas: por un lado, el gobierno de la Generalitat decretaba un apagón informativo para, en medio del secretismo, burlar la acción de la Justicia en todas las decisiones relativas al «procés», empezando por la compra de urnas. A la vez, en el Parlamento catalán, la junta de portavoces acordaba el orden del día del pleno de la próxima semana, que incluirá la reforma del reglamento de la cámara que permitirá la aprobación por el procedimiento abreviado o de lectura única de proposiciones de ley por parte de los grupos, lo que, a la vuelta de las vacaciones de los diputados, facilitará la «tramitación exprés» de la ley del Referéndum.

Puestas las bases de lo que el soberanismo pretende que sea el sustento legal del referéndum del 1 de octubre, la Generalitat se aplica ahora en la consecución práctica del mismo, para lo que necesita en primer lugar urnas. Tras el fracaso en la adjudicación del concurso -una empresa se retiró y la otra no cumplió los requisitos-, se anunció que en la reunión del Govern celebrada ayer se reactivaría el procedimiento de compra. Nada de eso sucedió, no por una cuestión de elemental prudencia sino apelando al secretismo con el que la Generalitat anunció que actuará a partir de ahora.

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