La pandemia y el temporal han sido aprovechados por el Gobierno para dar una vuelta de tuerca a su reforma del Poder Judicial. Lo han hecho, como en otros temas graves, sin debate, por sorpresa y saltándose las recomendaciones y aportaciones del propio Consejo del Poder Judicial, en el que han saltado las alarmas. Es una reforma que ataca de lleno su independencia, impide que el órgano de Gobierno de los Jueces pueda hacer nombramientos y, al final, silencia la voz de los Jueces en algunos procesos legislativos al prescindir de sus dictámenes. Los efectos de una reforma en estos términos serán inmediatos: desprestigio de la Justicia, desconfianza en la ciudadanía y pérdida de independencia. Todo con el fin de limitar los mecanismos de control y fiscalización del Ejecutivo.

Europa llamó la atención del Gobierno de España y este pareció recular. En realidad lo que hizo fue ganar tiempo. Sánchez sabía lo que quería y, si nadie lo remedia, lo conseguirá. La contraprestación es alta porque los apoyos parlamentarios con los que cuenta no se ocupan del bien común sino que se limitan a perseguir sus intereses particulares. El resultado es nefasto a la espera de lo que la Unión Europea diga y, llegado el caso, dictamine. Mientras tanto la cuestión merece la respuesta coordinada de las fuerzas políticas que defienden los mecanismos de control y equilibrio de poderes que forman parte de nuestro esquema constitucional. Se ha iniciado una batalla que se presenta dura, pero que es crucial para el funcionamiento de nuestra democracia.