Proteger la competición y la convivencia

La Vuelta ciclista a España más problemática de la historia se acerca ya a Madrid en un clima de incertidumbre sobre cómo discurrirán las últimas etapas, ante las reiteradas alteraciones del curso normal de la carrera provocadas por grupos que reivindicaban la expulsión del equipo Israel-Premier Tech. 

Esas protestas han traspasado en varios momentos la línea roja del derecho a la manifestación, con alteraciones del curso normal de la carrera y de la convivencia, poniendo además en riesgo la seguridad de los ciclistas. 

En las últimas horas dos manifestantes han sido detenidos, y posteriormente puestos en libertad a la espera de juicio, con la imputación de delitos de desorden público, resistencia a la autoridad e incumplimiento de la Ley del deporte.

Por legítimas que sean las reivindicaciones en favor del pueblo palestino es inaceptable poner en riesgo la seguridad e integridad de los ciclistas. Las protestas, alentadas de forma incomprensible por algunos miembros del Gobierno, pierden su legitimidad en el momento en el que se utiliza la violencia.

 El Estado de Derecho tiene la obligación de proteger la competición y a las personas que participan en ella, deportistas y espectadores. Existen sobrados medios para expresar el rechazo a las operaciones militares israelíes en Gaza y la defensa de los civiles palestinos que están sufriendo esos ataques. Pero alterar por la fuerza el curso natural de una competición deportiva es inaceptable, como lo es la ambigüedad que ha mostrado el Gobierno de Sánchez a lo largo de la carrera.