Con el acuerdo para los presupuestos con Podemos, el Gobierno aleja el fantasma de un adelanto electoral, al menos de momento. Se trata de unas cuentas muy expansivas que incluyen vistosas medidas, algunas desde hace tiempo demandadas, como el aumento de los permisos de paternidad y las ayudas por hijo, el incremento del salario mínimo hasta los 900 euros, la mejora de las ayudas a la dependencia o la actualización de las pensiones. El punto débil radica en la previsión de ingresos. Las subidas de impuestos no alcanzan ni de lejos a financiar unos aumentos del gasto que la ministra de Hacienda ni siquiera se atrevió ayer a reconocer, cifrándolos en apenas 2.100 millones, cuando la simple suma de las partidas multiplica al menos por tres esa cantidad.

No le será sencillo a Sánchez conseguir ahora los apoyos que le faltan entre los nacionalistas catalanes y vascos, pero menos aún superar los escollos de Bruselas, que en un informe acaba de considerar demasiado laxo el último ejercicio de Rajoy, mucho más marcado por la austeridad. No parece factible que la Comisión vaya a hacer la vista gorda. Incluso estratégicamente, España le ofrecerá la ocasión de responder al órdago italiano demostrando que aplica el mismo rasero a todos. Será entonces cuando el Gobierno empiece a hablar en serio de presupuestos, alejándose del terreno del puro marketing electoral.