El plan presupuestario que España ha mandado a Bruselas es inconveniente por diferentes motivos. No está nada claro que con la subida de impuestos que incluye, de la que se espera obtener unos ingresos de unos 6.000 millones de euros, se vayan a cumplir los objetivos de reducción de déficit.

El propio Gobierno ha reducido su previsión de crecimiento de la economía en algunas décimas. En un contexto internacional incierto, con subida de tipos en el horizonte, con encarecimiento del precio del petróleo y una guerra comercial en marcha, no parece conveniente incrementar el gasto y elevar los impuestos. Sobre todo porque la subida recae sobre las empresas. La tan anunciada subida de impuestos a los ricos por IRPF, tan aireada políticamente, en realidad solo va a servir para recaudar algo más de 300 millones de euros, el 5 por ciento de los ingresos extra previstos.

El plan presupuestario es también inconveniente porque acusa la debilidad política del Gobierno. Ya ha empezado, de hecho, una subasta para recoger los intereses de muchos grupos políticos. Podemos exige que no se toque nada de lo acordado con Sánchez. El nacionalismo vasco tiene su agenda. El independentismo catalán, aparte de reclamar un cambio de actitud de la fiscalía, va a exigir un dinero que haga digerible el apoyo al Gobierno de España que sus votantes rechazan.