No acatar las resoluciones de la justicia tiene un precio y los cargos públicos no están por encima de la ley. Aunque se envuelvan en una bandera para justificar sus ilegalidades. Esta es la advertencia que deja el Constitucional al Parlamento de Cataluña y, en particular, a su presidente, Roger Torrent. La Cámara no puede ignorar la sentencia que declaró inconstitucional la resolución de noviembre de 2015, con la que el Parlament inició formalmente la ruptura con la legalidad constitucional. Hacerlo puede acarrear responsabilidades penales, recuerda el organismo, en una nada velada alusión al precedente de la expresidenta Carmen Forcadell, acusada por motivos similares.

A pocos días de que se conozca la sentencia del Supremo, el pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite por unanimidad el recurso del gobierno contra las llamadas «propuestas para la Cataluña real», que pretendían dar un nuevo giro de tuerca en la agenda soberanista, ignorando la justicia. En un ejercicio del más rancio populismo el nacionalismo catalán aprovecha todos los resortes del poder democrático a su alcance para derruir esa misma democracia que tan generosa ha sido con él. Quizá a veces en exceso. Si los poderes públicos españoles no hubieran mirado hacia otro lado cuando la legalidad empezó a ser desafiada en Cataluña, tal vez nos hubiéramos ahorrado más de un disgusto.