El texto del Acuerdo suscrito por PSOE y Junts confirma, en sus cuatro últimas líneas, que la investidura de Pedro Sánchez y la estabilidad de la legislatura son el precio que Junts pagará a cambio de que el próximo Gobierno de España sancione con su poder todas y cada una de las reivindicaciones y decisiones del independentismo catalán. Hasta tal punto es así que la lectura atenta del Acuerdo permite concluir afirmando que los independentistas han visto materializada su primera y principal reivindicación, que era la de que el Estado español reconociera que todo lo sucedido en Cataluña desde 2010 en adelante no era más que la legítima respuesta a la persecución legal y política a la que los catalanes se habían visto sometidos.

Si grave es que un acuerdo político imponga el revisionismo histórico, lo es mucho más que, en ese mismo acuerdo, un partido de Gobierno como el PSOE reconozca, tal y como siempre ha defendido el independentismo catalán, que los Tribunales de justicia y los jueces españoles han actuado por capricho y no de acuerdo al imperio de la ley.

Tras la investidura de Pedro Sánchez se caminará hacia la tramitación de una ley de amnistía, la negociación de un referéndum de autodeterminación, la quiebra de los principios de igualdad entre los españoles y de solidaridad interterritorial y la búsqueda de un facilitador internacional que, de facto, permitirá reconocer la dimensión bilateral de las negociaciones. Y todo esto en nombre de una supuesta oportunidad histórica que no es más que la ambición ilimitada de un candidato que perdió unas elecciones democráticas y se resiste a abandonar La Moncloa.