El Gobierno parece decidido a evitar que cualquier institución se convierta en un obstáculo para sus proyectos, y por eso está crecientemente molesto ante algunos dictámenes del Consejo de Estado, máximo órgano consultivo.

Esos dictámenes, aunque no sean vinculantes, tienen un pese específico en la opinión pública que viene a ser alertada sobre las deficiencias de un proyecto de ley o sobre las dudas respecto de su legalidad. Ya ha ocurrido con la polémica "Ley Trans" y ahora con la Ley de Familias, que ha sido duramente criticada por el Consejo en un demoledor informe en el que acusa al Gobierno de invadir competencias y de crear inseguridad, además de discriminar la figura del padre y de las familias numerosas.

Por eso el Gobierno ha emprendido un cambio sustancial en la composición del Consejo. Igual que hizo con el Tribunal Constitucional, ya ha dispuesto diversos cambios para lograr una mayoría que le asegure futuros dictámenes favorables. Con otras maneras, Sánchez está imitando al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que se había propuesto cambiar radicalmente el poder judicial para someterlo a la mayoría parlamentaria y a su propio Gobierno.

La diferencia es que Netanyahu, ante el clamor de la calle, se ha visto obligado a suspender su proyectada reforma de la justicia al ver en peligro su propio Ejecutivo, algo que Sánchez no teme gracias a sus alianzas contra natura.