Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez estudia, como ha anunciado, la supresión de la religión católica como asignatura evaluable, la Generalidad valenciana ha decidido por su cuenta imponer, en el próximo curso, la clase de religión islámica como proyecto piloto. En principio no habría nada que objetar, siempre que esta asignatura se impartiese como oferta alternativa a los alumnos musulmanes, cada día más numerosos en esta comunidad. De hecho, la religión islámica ya se enseña, bajo estas características, en diversas ciudades españolas, a demanda de los padres de alumnos musulmanes. Pero no parece que sea este el propósito de las autoridades valencianas ya que se trata de imponer la enseñanza obligatoria del Islam a todos los alumnos, cualquiera que sean sus creencias, al tiempo que deja en segundo plano y con carácter voluntario, la enseñanza de la religión católica.

Estamos, por tanto, ante un intento de discriminación que, de momento, va en contra de la actual Ley de Educación cuya reforma debería ser consensuada por la comunidad educativa. No resulta comprensible, por mucha que pueda ser la demanda de la población islámica, que se trate de imponer la enseñanza de una religión en detrimento de la católica que ni siquiera sería materia evaluable en el currículo escolar. La libertad de enseñanza, recogida en el articulo 27 de la Constitución, exige igualdad de condiciones ante la demanda de los padres de alumnos, de acuerdo con sus convicciones morales y religiosas. Tiempo habrá de analizar, en su momento, lo que el Gobierno disponga sobre la clase de Religión, pero hay que dejar bien claro que una imposición como la que pretende la Comunidad Valenciana no solo va en contra de la ley sino del mínimo sentido común, so pena que lo que se pretenda sea provocar un conflicto social y religioso donde nunca lo ha habido.