El gobierno ha puesto a la patronal y a los sindicatos en contra del futuro fondo público de pensiones. Claro que las quejas de los empresarios han sido más bien tibias y no generalizadas en el sector financiero, mientras que la oposición de los sindicatos es frontal. Varios países europeos, de forma destacada Suecia y Alemania, han introducido en las últimas décadas este tipo de reformas, en línea con las recomendaciones del Banco Mundial y la Comisión Europea.

La lógica es disminuir paulatinamente el peso del sistema de cotizaciones, difícil de reformar y poco flexible, dado que es asumido como un derecho individual generado a lo largo de la vida laboral.

Los planes de empresa y los individuales, más que un simple complemento, terminan convirtiéndose en cuasi-obligatorios, con el inconveniente de la muy desigual cobertura en función del estatus laboral y social. El ministro Escrivá se aferra al escaso desarrollo de los planes privados en España y a su ineficaz regulación, y en esto razón no le falta.

También es cierto que el sistema de pensiones necesita una reforma. Pero en lugar de abrir un debate franco, el gobierno se ha lanzado por la puerta de atrás a modificar la lógica misma del sistema, o al menos a dejar sentadas las bases. Que las empresas y trabajadores recurran a planes privados o públicos es secundario en comparación con la magnitud de los cambios que se perfilan con esta reforma.