Con toda la preocupación de la sociedad centrada en la batalla contra el virus, el Gobierno intensifica su concepto de “progreso social”, que consiste en la imposición, con los instrumentos del poder político, de una cultura basada parámetros como el laicismo radical y la ideología de género. No se trata de recoger el sentir mayoritario de la sociedad, sino de acelerar un proceso de cambio desde el poder, apoyado en la debilidad cultural y las paradojas de este momento.

En este contexto resulta esencial restringir progresivamente el derecho de las familias a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos, y limitar el impacto social de las comunidades de fe, especialmente la católica. También es una pieza clave el diseño de políticas que tratan de desdibujar la fisonomía de la familia basada en el matrimonio entre hombre y mujer.

A pesar de las críticas a estos proyectos desde muy distintos actores de la sociedad civil, algunos sectores gubernamentales aprietan el acelerador, buscando incluso la confrontación, como ha demostrado la nueva ministra Ione Belarra. Es importante una respuesta política a este planteamiento, pero más aún lo es una toma de conciencia social de los bienes que están en juego. La cultura de un pueblo sólo resulta moldeable desde el poder político cuando previamente ha perdido la conciencia de su raíz y de su valor, es decir, cuando deja de ser una forma de vida. La tarea es, por tanto, educativa y cultural, antes que política.