El Estado nicaragüense ha suspendido relaciones con la Santa Sede y solicita al Vaticano que cierre todas sus sedes diplomáticas. La suspensión no es la ruptura, aunque la línea que las separa es muy fina. Esta medida es una más de las que de manera sucesiva ha ido adoptando el régimen de Daniel Ortega.

La expulsión del Nuncio o el exilio de Monseñor Silvio Báez, la expulsión de las Misioneras de la Caridad, el encarcelamiento del obispo Rolando Álvarez, las medidas administrativas contra Caritas y la prohibición de actos religiosos públicos durante la Semana Santa son algunas de esas medidas. La excusa de Ortega y Murillo es, ahora, la entrevista concedida por el Papa a Infobae. Llamar grosera a la dictadura nicaragüense, a la que el Papa, además, ha asemejado al comunismo soviético y al nacionalsocialismo, no ha gustado a sus líderes. Al final se han cumplido los peores pronósticos. «La Santa Sede nunca se va, dijo el Papa en diciembre pasado al periódico ABC, la echan». No es una buena noticia. Y no lo es porque la Nunciatura y las sedes diplomáticas son lugares seguros. Si cierran, y la Santa Sede deja de ser reconocida en suelo nicaragüense, la Iglesia no podrá negociar, ni presionar, ni proteger a nadie.

La paciencia de la Santa Sede en materia de relaciones diplomáticas no es tibieza, sino inteligencia práctica al servicio de quienes, en situaciones como la nicaragüense, tenían a la Iglesia como un aliado en la defensa de los derechos humanos y la libertad. El escalón siguiente es silencio y la clandestinidad. Eso puede llegar, pero no nos engañemos, no favorece a nadie.