En medio de una fuerte polémica, el presidente de Túnez, Kais Saied, que hace un año asumió plenos poderes y disolvió el Parlamento, ha convocado a sus ciudadanos a refrendar el próximo día 25 una nueva Constitución en la que desaparece el islam como religión del Estado. Pero no parece que esta novedad revolucionaria en el mundo árabe-islámico sea la principal fuente de discordia entre los partidos políticos. Lo que más preocupa son los poderos que se atribuye el presidente de la República, que se alza por encima del Gobierno y del Parlamento, con el fin de acabar con la hegemonía del partido islamista En-Nahda.

Los años transcurridos desde la "Revolución del Jazmin", de 2011, que acabó con la dictadura militar de Ben Ali, han estado dominados por las polémicas sobre el papel del islam en la vida pública, los escándalos públicos y la inoperancia de los sucesivos gobiernos. Esta fue la principal razón que movió al presidente a asumir plenos poderes hace dos años, con fuerte apoyo popular. En realidad, lo que más preocupa a los tunecinos ahora es el deterioro creciente de las condiciones de vida.

De ahí que la nueva Constitución establezca la libertad de empresa y el derecho a la propiedad privada, conceptos que rebasan las limitaciones de las leyes islámicas que han dominado la vida pública. Serán los tunecinos los que se pronuncien en referéndum sobre esta fuerte orientación liberal de la reformada ley fundamental y los que, en diciembre, elijan al nuevo Parlamento.